Perú pierde hasta 1,5 puntos del PBI por hambre, advierte el Banco de Alimentos

El hambre no solo es un drama social: también es un freno económico. El Perú es hoy el país con mayor inseguridad alimentaria de la región y, de acuerdo con estimaciones del Banco de Alimentos Perú (BAP), esta situación podría estar restándole al país hasta 1,5 puntos porcentuales de su Producto Bruto Interno (PBI).

“Una población que no se alimenta no puede trabajar, no puede producir, y eso tiene un impacto directo en la economía nacional”, advirtió a este diario Daniela Osores, gerente general del Banco de Alimentos Perú, una ONG que desde hace 11 años recupera alimentos en buen estado que han perdido valor comercial para distribuirlos a poblaciones vulnerables. Hoy alimentan de forma constante a más de 80.000 personas en 22 regiones.

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El costo logístico de alimentar adecuadamente a una persona —al menos tres o cuatro veces al día, con alimentos variados y nutritivos— es altísimo, señaló Osores. Sin embargo, la situación se agrava por una paradoja insostenible: mientras millones pasan hambre, el país desperdicia alrededor de 12 millones de toneladas de alimentos al año.

Abandono del Estado

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana ha denunciado, desde fines del 2024, un recorte presupuestal que agrava la crisis alimentaria. Fortunata Palomino, presidenta de esta red, aseguró a La República que el Gobierno ha destinado apenas S/2 diarios por persona, un monto insuficiente para cubrir siquiera un solo plato de comida al día.

Según un análisis realizado por la propia organización antes de presentar el presupuesto para el 2024, alimentar adecuadamente a una persona costaría cerca de US$9 diarios. Sin embargo, en el presente año, se ha aprobado S/3,70 por beneficiario, monto que incluso ha sido reducido a S/1,69 en la propuesta inicial para el 2025, aunque luego de marchas y reclamos públicos se elevó mínimamente a los actuales S/ 2.

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Palomino es testigo de cómo la anemia afecta cada vez más a niños, adultos y madres gestantes en situación de vulnerabilidad. Ante esta realidad, señaló que solicitaron al entonces titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, la creación de un programa especial de nutrición, distinto al de complementación alimentaria, ya que este no responde a las necesidades reales de las ollas comunes.

“Ya nos quitaron desayuno y cena, solo tenemos almuerzo. Y aún así, muchas veces lo compartimos entre varias personas. Hay madres con seis hijos que solo reciben cuatro menús”, denunció Palomino.

La presidenta de la red también subrayó que las ollas comunes no reciben sueldo alguno por su labor, sino que se autogestionan con esfuerzo y creatividad. “Nos recurseamos. Criamos animales menores, hacemos compostaje, biohuertos, recuperamos alimentos de mercados y chacras. Nada se desperdicia”, aseguró.

Pese a estas acciones, el respaldo estatal sigue siendo escaso y, según Palomino, también desorganizado. Indicó que incluso se ha obstaculizado la colaboración con programas como 'A Comer Pescado', que antes llegaban directamente a las zonas donde operan las ollas.

“Ahora mandan los productos a puntos lejanos, nos cierran las puertas por reclamar lo justo. Pero no nos prestamos al clientelismo político”, comentó Palomino.

La Red de Ollas Comunes ha solicitado una reunión con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social para replantear el presupuesto del 2026 e implementar una mesa multisectorial para luchar contra la anemia y la desnutrición infantil, problemas que, advierten, ya están dejando secuelas irreversibles en la población. Empero, no han recibido respuesta desde marzo, más allá de un encuentro con el viceministro, quien no tiene poder de decisión.

“El presupuesto de 146 millones anuales incluye solo 25 céntimos por persona para alimentos frescos, lo que al mes representa apenas S/5. Es una burla, una ofensa a nuestra pobreza”, remarcó.

Mientras el Estado permanece indiferente, las ollas comunes continúan su lucha desde abajo. “Nos sentimos satisfechas cuando un niño está bien alimentado, cuando un anciano dice: ‘gracias, hoy día hay comida’. Lo que el Estado debería hacer, lo hacemos nosotras ad honorem”.

Impacto de la inseguridad alimentaria

El impacto es doble: social y económico. Casi 17,6 millones de personas viven en inseguridad alimentaria en el Perú, de las cuales cerca del 10% padece inseguridad severa —es decir, no consume alimentos todos los días o no accede a una dieta mínima necesaria. Esto afecta especialmente a los niños de 0 a 5 años, en etapa clave de desarrollo.

“Estamos hipotecando el capital humano del país”, sentenció la gerenta general.

El quiebre se dio a partir de la pandemia, con el agravamiento de la crisis política y el alza sostenida de precios. “Una familia que antes alimentaba a cinco hijos, ahora solo puede alimentar a tres con el mismo presupuesto. El retroceso en materia de seguridad alimentaria es tal, que estamos peor que antes del 2020. Hemos perdido casi 30 años de avances”, enfatizó Osores, coincidiendo con lo dicho por Palomino.

A pesar del esfuerzo de organizaciones como el BAP, la respuesta estructural debería venir del Estado. “Se necesita una política nacional clara y prioritaria. La lucha contra el hambre no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de la sociedad civil”, concluyó.

En un contexto de bajo crecimiento económico, baja productividad y mercados laborales frágiles, la desnutrición y el hambre se convierten en un círculo vicioso. Sin acceso a una alimentación adecuada, la fuerza laboral pierde capacidades, y con ello, se debilita el motor de la economía nacional.