CUT denuncia riesgo en telecomunicaciones y despidos tras venta de Telefónica del Perú a Integra Tec
La Central Unitaria de Trabajadores del Perú exigió una investigación ante Indecopi sobre la venta y criticó el "silencio cómplice" del gobierno ante las irregularidades en Telefónica.
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Tras la reciente transferencia de Telefónica del Perú a la empresa Integra Tec, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Perú, Julio César Bazán Figueroa, lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias para el sector telecomunicaciones en el país. Bazán alertó que esta operación podría afectar la estabilidad laboral, comprometer la calidad del servicio y poner en riesgo la soberanía tecnológica del Perú.
Según denunció Bazán a través de sus cuenta personal de Facebook, la operación —realizada el fin de semana pasado— se habría efectuado “a precio irrisorio” y pone en riesgo tanto la calidad del servicio como la estabilidad laboral de los trabajadores vinculados a Telefónica del Perú (TdP).
El dirigente cuestiona además que Integra Tec es una compañía “desconocida a nivel mundial en el sector telecomunicaciones” y cuya matriz “arrastra antecedentes negativos de vulneración de derechos” laborales en procesos de reestructuración.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a tan oscuras operaciones empresariales y alertamos al pueblo peruano sobre el riesgo que corren las telecomunicaciones por las deficiencias técnicas en la operación de las redes y por los abusos anti laborales”, señaló Bazán.
Telefónica del Perú: temores por deudas y llamado a nacionalización
La venta también ha generado preocupación entre trabajadores y sindicatos, que cuestionan la falta de experiencia del nuevo operador y exigen una auditoría completa antes de validar la operación.
Walter Díaz de la Vega, vocero de la Coordinadora Sindical de Telefónicos, plantea que el Estado debería nacionalizar la empresa para garantizar transparencia, asegurar el cumplimiento de pagos pendientes con trabajadores, jubilados y AFPs, y recuperar una deuda tributaria que supera los S/3.000 millones. Telefónica mantiene, además, un contrato de concesión vigente hasta 2027.
El dirigente argumenta que esta venta afecta la soberanía nacional y cita como precedentes los casos de España y Uruguay, donde se han adoptado modelos públicos exitosos en telecomunicaciones.
La CGTP también advirtió sobre deudas laborales pendientes y exigió garantías para la estabilidad, libertad sindical y condiciones laborales. Díaz de la Vega denunció, además, que Telefónica desactivó áreas técnicas mediante tercerizaciones, debilitando su capacidad operativa. Según él, esta estrategia buscó inflar los costos para facilitar la venta o eventual liquidación de la empresa, permitiendo a los nuevos dueños convertirse en acreedores preferentes. Ante ello, reiteró su pedido de intervención estatal.
CUT denuncia silencio del Ejecutivo y Congreso
La CUT también condenó lo que califican como “silencio cómplice” del Poder Ejecutivo y del Congreso frente a las presuntas irregularidades de TdP, entre ellas el “bloqueo impune a las negociaciones colectivas” y el “no pago de utilidades” en las redes de subcontratación.
En ese sentido, el gremio respaldó la lucha del Sindicato de Trabajadores de Entel (SITENTEL) y de la Coordinadora Sindical de Telefónicos (CST), y exigió una “investigación urgente” de la operación empresarial ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
“Basta de tanta incompetencia gubernamental y alto al libertinaje empresarial y al abuso antilaboral”, finalizó Bazán, haciendo un llamado a garantizar la transparencia total en las operaciones empresariales y la estabilidad de los trabajadores en el sector.
