Congreso plantea ley a favor de las MIPYMES para salvar un millón de empleos en riesgo grave

El Congreso de la República debatirá un proyecto de ley que busca extender el plazo para que las pequeñas y medianas empresas de renta de tercera categoría puedan compensar las pérdidas tributarias que tuvieron durante los años de la pandemia, 2020, 2021 y 2022 y de las que todavía no han podido recuperarse. Dicho Proyecto de Ley N° 9433/2024, fue presentado por el congresista José Luna Gálvez y cuenta con el respaldo de Francis Calle Lobatón, Heidy Juárez Calle, Digna Tello Montes, Edgar Paredes Castro y José Arriola Tueros, entre otros parlamentarios.

José Jerí, secretario de la Comisión de Economía, explicó que esta propuesta tiene “como objetivo fundamental, brindar un apoyo real y efectivo a las empresas peruanas que generan renta de tercera categoría, que fueron afectadas por la pandemia, al  permitirles compensar las pérdidas tributarias generadas durante los ejercicios 2020, 2021, 2022.

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Hasta el 31 de diciembre de 2024, estuvo vigente el artículo 50 de la ley del Impuesto a la Renta que permitía que las empresas compensen sus pérdidas de tercera categoría adecuándose a una compensación contra rentas futuras durante máximo 4 años o, como segunda alternativa, a una compensación del 50% de las rentas futuras, sin límite de años.

Pero esa ley no está vigente actualmente, lo que afecta la situación económico-financiera de unas 600,000 mil empresas, la mayoría de ellas MIPYMES, debido a que no pueden continuar arrastrando las pérdidas contables que registraron durante los años de la pandemia (2020-2022), lo que las ponen riesgo de cerrar o trasladarse a la informalidad, advirtió a la prensa, Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de ESAN, afectando a sus trabajadores y proveedores, con cuentas pendientes por cobrar.

Hay 600 mil empresas y un millón de puestos de trabajo en riesgo

Para paliar esta situación, el mencionado proyecto de Ley propone como medida excepcional que las empresas compensen sus pérdidas de tercera categoría, hasta un límite de 500 millones por contribuyente, adecuándose a una de las siguientes opciones: a) compensación contra rentas futuras hasta el año 2032 y b) compensación del 75% de las rentas futuras, sin límite de años.

“La presente ley tiene por objeto regular de manera excepcional el arrastre de la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana registrada en los ejercicios gravables 2020, 2021 y 2022 que viene compensando bajo el sistema a) de compensación de pérdidas previsto en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y conforme lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1481”, precisa el artículo 1 del proyecto de Ley.

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Según estimaciones del sector empresarial, más de 600,000 empresas formales registraron pérdidas entre 2020 y 2022, de las cuales el 99.5%, son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Estas empresas continúan activas en la economía nacional, sin generar utilidades netas aún, por lo que son altamente vulnerables a quebrar financieramente. Se estima que, si no se aprueba la ley, más de 300,000 empresas podrían cerrar, despedir trabajadores y dejar de pagar a sus proveedores.

No se les perdona las deudas se da facilidades para el pago

Los sectores que se verían más afectados son los de turismo y hoteles, comercio y restaurantes, textil y confecciones, construcción, educación privada, transporte público y privado, pesqueras, agroindustria, hidrocarburos y estaciones de servicio y servicios profesionales e independientes, en general, que se vieron afectados por los cierres prolongados de la pandemia.  “Un millón de empleos está en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas: es una familia que deja de percibir ingresos”, declaró a los medios, Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC.

Empresas que se exponen a cerrar o pasar al sector informal lo que afectará el empleo al reducirse las planillas o por despidos. Es posible que, al quebrar, las empresas no tengan la capacidad financiera para cumplir con el pago de los beneficios sociales de ley de sus trabajadores, lo que implicaría un terrible golpe en la economía de cientos de miles de familias peruanas, advierten.

Los promotores de la Ley señalan que, al contrario, las empresas podrán seguir dinamizando la economía, la demanda interna, el consumo y el crédito, aportando al crecimiento del PBI y pagando otros impuestos, pues no se les está perdonando nada, sino que se permite que paguen con posterioridad.

Según los especialistas esta propuesta legislativa no representa un gasto fiscal inmediato ni permanente. Al contrario, es una forma de asegurar mayor recaudación en el mediano y largo plazo, al darle a las empresas espacio para recuperarse y generar utilidades sobre las que puedan tributar.  El Ministerio de Economía se opone a este proyecto de Ley, pero en opinión de César Gutiérrez, con argumentos débiles sobre pertinencia y eficacia, en un debate que buscan generar renta permanente para el Estado y generación de empleo formal.