Informalidad minera y el contrabando de oro a Bolivia y Ecuador desploma a Perú del top 10 global
Retroceso. El país, desplazado por Indonesia, enfrenta su peor crisis aurífera en décadas. A pesar de precios récord, la minería formal pierde terreno frente a problemas de regulación y gestión, sostienen especialistas.
Desde noviembre, el Perú dejó de estar entre los 10 principales productores de oro a nivel mundial, según informó Nasdaq. Esta caída se da en un contexto global en el que el precio del metal ha superado los US$ 2.700 por onza, lo que, en teoría, debería haber impulsado la producción. Sin embargo, la realidad es más compleja y refleja años de contrabando, informalidad y falta de una gestión minera eficiente en el país.
“Se viene agravando desde la promulgación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal en 2002”, dijo a La República Jorge Manco Zaconetti, economista y catedrático de la Universidad San Marcos.
El exviceministro de Gestión Ambiental José De Echave indicó que salir del top 10 se debe a que la minería formal no tiene la capacidad de producir más y el Estado tampoco tiene la capacidad de controlar y formalizar a la minería informal”.
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Actualmente, el ranking por toneladas métricas lo lidera China (370 TM), seguida por Australia (310 TM), Rusia (310 TM), Canadá (200 TM), Estados Unidos (170 TM), Kazajistán (130 TM), México (120 TM) e Indonesia (110 TM), que reemplaza a Perú en 2023.
Contrabando de oro
En 2021, 2022 y 2023 los volúmenes de oro exportado, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), y las declaraciones de las empresas auríferas ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), tienen una discrepancia mayor a 6 millones de onzas de oro.
Esto se debe a que, según Jorge Manco, entre 1,5 y 2 millones de onzas de oro salen ilegalmente hacia Bolivia y Ecuador, atraídos por la falta de divisas y la alta demanda de oro como valor refugio en circunstancias de incertidumbre por la hegemonía entre China y los Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la crisis europea.
La evidencia se encuentra en Madre de Dios, donde la producción formal reportada cayó de 500.000 onzas en 2012 a menos de 80.000 onzas en 2023. Una situación similar observada también en Puno, donde la producción pasó de 300.000 onzas en 2012 a solo 20.000 onzas en la actualidad.
Minería informal
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) refleja una realidad compleja: muchas de las concesiones registradas, suspendidas o vigentes, superan las condiciones establecidas para la minería artesanal. Ahora bien, su definición se refiere a una actividad de subsistencia. Sin embargo, encontramos pequeños mineros o ‘mineros artesanales’ que poseen varias concesiones mineras, lo cual desvirtúa la naturaleza misma de la minería artesanal, que según la normativa no debe abarcar más de 100 hectáreas.
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“Esto ha permitido que empresas formales, como Minera Poderosa del Grupo Arias-Dávila, adquieran oro de pequeños mineros bajo acuerdos que favorecen la explotación de concesiones marginales por terceros, siempre que el oro extraído sea vendido exclusivamente a la empresa”, afirmó Jorge Manco. “Con un Gobierno de escasa credibilidad, con 3% de respaldo ciudadano, las posibilidades de afrontar este problema estructural son remotas”, apuntó De Echave.
Muchos titulares mantienen las concesiones durante décadas sin realizar inversiones significativas, limitándose a la especulación y con posibilidad de renovarlas. Esta situación, sumada a la descentralización de la supervisión hacia los Gobiernos regionales, ha sobrecargado a estas instituciones.
Además, la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las concesiones ha generado conflictos entre los titulares y los mineros informales. Este problema fue uno de los motivos por los cuales la Sociedad Nacional de Minería decidió retirarse de una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “En regiones como Madre de Dios, donde la extracción aurífera es intensa, los beneficios económicos no llegan a la población local”, explicó Manco.
Frente a esta realidad, los especialistas señalaron la necesidad de reformas legales que prioricen el reconocimiento de los derechos de propiedad y promuevan inversiones sostenibles en las regiones con mayor potencial aurífero.
Falta de proyectos auríferos
Actualmente, según informó a La República el ex viceministro Gestión Ambiental, Jose De Echave, la cartera de proyectos de inversión minera está dominada por el cobre, un mineral clave para la transición energética global, y que representa el 73%, mientras que solo el 12% son proyectos auríferos.
Jorge Manco señaló que la información disponible sobre minería en Perú, proporcionada por el Minem, está desactualizada y corresponde al año 2023, lo que complica la planificación y supervisión efectiva de esta actividad crucial para la economía del país. En ese sentido, afirma que alrededor del 95% de la producción de oro ocurre en concesiones privadas de terceros, un fenómeno que evidencia la fragilidad de los sistemas de regulación y formalización minera.
“Por eso siempre he dicho que es una ilusión la propuesta de Rómulo Mucho de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal”, explicó Jorge Manco. “Para lograrlo sería necesario presentar un contrato de explotación, es decir, un acuerdo con el titular de la concesión que haya cumplido con pagar los derechos de vigencia al Minem”.
Además, en un contexto político caracterizado por la inestabilidad y la falta de credibilidad del Ejecutivo, con apenas un 3% de respaldo ciudadano, las posibilidades de afrontar este problema estructural son remotas. No habría la posibilidad de formalizar a la minería informal y combatir a la minería ilegal. De Echave lo resumió como “incapacidad y falta de voluntad política”.
“La minería formal no ha aumentado la producción de oro. Si uno revisa la cartera de inversión minera, los proyectos de oro son pocos y no representan grandes inversiones. Ya no hay proyectos como Yanacocha o Pierina”, dijo De Echave. “Todo indica que en los próximos años vamos a seguir perdiendo puestos”, sentenció.
En ese sentido, criticó la limitada exploración de nuevos yacimientos de oro, con solo cinco proyectos en ejecución que suman una inversión total de apenas US$ 28,2 millones. Entre ellos la falta de impacto que tendría San Gabriel, en Moquegua, el cual se espera inicie operaciones en 2025 con una inversión de US$ 470 millones, pero sin aumentar de manera significativa la producción de oro.
Desafíos y soluciones
Muchos titulares mantienen las concesiones durante décadas sin realizar inversiones significativas, limitándose a la especulación y con posibilidad de renovarlas. Esta situación, sumada a la descentralización de la supervisión hacia los gobiernos regionales, ha sobrecargado a estas instituciones.
“En Arequipa, donde operan más de 40.000 mineros artesanales, la Gerencia Regional de Energía y Minas cuenta con solo tres o cuatro trabajadores para gestionar y supervisar las operaciones”, puso como ejemplo Jorge Manco. "En regiones como Madre de Dios, donde la extracción aurífera es intensa, los beneficios económicos no llegan a la población local. Entre 2004 y 2023, el canon minero recibido por esta región no superó los S/ 25 millones, una cifra 'irrisoria' frente al volumen de oro exportad".
Además, continuó, la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las concesiones ha generado conflictos entre los titulares y los mineros informales. Este problema, continuó explicando, fue uno de los motivos por los cuales la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía decidió retirarse de una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Frente a esta realidad, los especialistas sugiere implementar mecanismos similares a los aplicados durante el gobierno de Velasco Alvarado, que permitían transferir al Estado las concesiones no explotadas dentro de un plazo razonable. También se destacó la necesidad de reformas legales que prioricen el reconocimiento de los derechos de propiedad y promuevan inversiones sostenibles en las regiones con mayor potencial aurífero.
Y es que a los problemas de agotamiento de reservas se suman los conflictos sociales, como las preocupaciones por el acceso al agua, que limitan las expansiones mineras y mantienen a regiones con alto potencial económico en condiciones de pobreza. El reto para el Estado peruano es claro: regular de manera efectiva un sector dominado por la informalidad y garantizar que los recursos generados por la minería beneficien a las comunidades donde se extraen, promoviendo así un desarrollo más equitativo y sostenible.
