Nuevo directorio de Petroperú plantea la privatización de la empresa
El Directorio presidido por Oliver Alexander Stark Preuss consideró que sería "inmoral" requerir nuevos aportes al Estado. Los últimos cálculos, señala el comunicado, indican que se necesita alrededor de US$2.200 millones adicionales.
El nuevo directorio de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. ha planteado la privatización de la petrolera estatal ante su Junta general de accionistas (JGA), integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.
La decisión se toma en vista de las "condiciones financieras de la empresa", que requiere "espaldas financieras anchas provenientes de su accionista", en este caso, el Estado peruano. Los últimos cálculos, señala el comunicado, indican que se necesitan alrededor de US$2.200 millones adicionales.
"En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado", continúa.
En este sentido, el directorio de la petrolera, que tiene mayoría del MEF, señala que "nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos".
"Dicho lo anterior, este directorio considera que una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera", sentencia.
El directorio ha planteado el pedido de privatización ante la JGA el pasado martes 7 de mayo, y ante la presidenta Boluarte, el día 8. Están a la espera de una definición que, en caso les sea afirmativa, "permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú".
El diagnóstico de Petroperú
La junta integrada por David Tuesta, Germán Boza, Carlos Villalobos, Antonio Manosalva y Oliver Stark -presidida por este último desde la salida de Carlos Linares el pasado 26 de abril-, echa por tierra los resultados del informe Arthur D. Little/Columbus (ADL/C), que le costó a la empresa unos S/10 millones a pedido del propio Ejecutivo.
Según el directorio, el informe ADL/C, sobre el cual se ha venido basando la reestructuración de la empresa, "toma como supuesto fundamental que el Estado peruano iba a continuar apoyando financieramente y de forma ilimitada a Petroperú".
"De hecho, el último financiamiento otorgado a principios de este año fue otorgado bajo las recomendaciones del informe de ADL/C", señala.
Al respecto, se conoció que Petroperú opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024, de respectivamente US$3.977 millones (30% menos que el 2022) y -US$716 millones (164% mayor que 2022).
"El EBITDA proyectado para 2024 es de US$135 millones, insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda. Tiene [Petroperú] una pérdida de su posición competitiva habiendo cedido cuota de mercado de 51% a 25%", asegura el documento.
El análisis acusa un "serio deterioro" de la posición de liquidez, capital de trabajo, solvencia (pasivo/patrimonio) e indicadores de rentabilidad (ROA/ROE) de 0,4, -US$3.367, 6,26 y -0,7%/-11,1% respectivamente, por lo cual "adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza".
