Gobierno se desentiende de trabajadores tercerizados tras resolución de Indecopi

Se podrá seguir tercerizando las actividades que son parte del núcleo de la empresa tras resolución del Indecopi, que señala que prohibirla es una barrera burocrática ilegal, como lo había dispuesto el DS 001-2022. Ante ello, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) exigen al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que apele tal decisión, ya que vulnera los derechos de los trabajadores.

¿Qué está en riesgo?

Para Gerónimo López, secretario general de la CGTP, la resolución del Indecopi responde a intereses de grupos de poder económico y señala que su gremio optará por la movilización para exigir que el MTPE apele dicho fallo y defienda su norma.

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“(La tercerización) trae como consecuencia mayor explotación, recorte de derechos a los trabajadores, diferencia de salario. Un trabajador que está (contratado en la empresa) principal gana más y el que está tercerizado gana menos a pesar que hace el mismo trabajo”, explica el dirigente.

Mientras que Julio César Bazán, presidente de la CUT, refiere que tomarán acciones legales para que se declare como inconstitucional la disposición del Indecopi, además advierte que estaría en riesgo el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), que acaba de ser reactivado. Hoy lunes los coordinadores de este grupo multisectorial se reunirán para plantear la agenda de la siguiente sesión, en la que se pedirá colocar el tema en cuestión.

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Cabe recordar que uno de motivos por lo que se paralizó el diálogo en el CNT por más de un año es porque los empresarios pedían que se derogue el DS 001-2022.

“Es importante que tanto empresarios como Gobierno se ubiquen en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Si no obviamente esta instalación va a tener que quedar trunca otra vez”, puntualizó Bazán.

Este diario consultó al MTPE si apelará la resolución n.º 0270-2023/CEB-INDECOPI, pero al cierre de este informe no se obtuvo respuesta.

Antecedentes

En febrero de 2022, el Gobierno decidió limitar parcialmente la tercerización laboral, de forma que se pueda cumplir con los criterios de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El sector empresarial manifestó su rechazo y presentó una demanda de amparo para derogarla, pedido que sigue en proceso por la vía judicial. Por esas fechas, Fernando Varela Bohórquez, hoy titular del MTPE, era tajante sobre el tema. Señaló que era una “pésima norma”, “ilegal” y que promovía los despidos masivos.

Mientras que en abril de este año, el Gobierno desactivó el equipo especial encargado de la defensa legal de esta medida.

Problema constitucional

Para el extitular del MTPE Christian Sánchez, el Indecopi estaría interfiriendo en la esfera de la jurisdicción del Poder Judicial, agrega que existe un “evidente” supuesto de avocamiento indebido, lo cual está prohibido por la Carta Magna.

“La Constitución señala que una vez que el Poder Judicial tiene conocimiento, en este caso a través de una acción popular, del cuestionamiento de una norma, ninguna autoridad administrativa puede abocarse a esa causa pendiente”, precisa.

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Además, de acuerdo a Sánchez, es una obligación del Gobierno defender el DS 001, por lo que es necesario que el ministro Varela exprese su posición respecto a la disposición del Indecopi, y que esta se traduzca en acciones concretas como presentar la apelación, cuyo plazo vence el próximo 15 de agosto.

Cifras

70% de trabajadores del sector minero son tercerizados.

9 de 10 accidentes fatales en el sector minería, corresponden a las contratistas y no a las empresas principales.

Reacciones

Christian Sánchez Reyes, extitular del MTPE

“Casi el 90% de los trabajadores de las empresas tercerizadoras tienen contratos temporales, es decir, carecen de estabilidad laboral. Esto genera rotación permanente de personal, entre otros problemas”.

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Julio César Bazán, presidente de la CUT

“Rechazamos tajantemente estas intromisiones y estas inoperancias del Ministerio de Trabajo frente al abuso empresarial de querer tercerizar todo a costa de los derechos de los trabajadores”.