¿Cuál es el PRECIO DEL DÓLAR HOY?
Economía

Multas para empresas de telefonía se actualizan luego de 20 años

Topes. Operadoras serían sancionadas con hasta S/4 millones 950.000. Telefónica y Claro lideran listas de las más infractoras.

Inconductas. Para Osiptel, a las empresas les "salía muy a cuenta" judicializar sus multas. Foto: difusión
Inconductas. Para Osiptel, a las empresas les "salía muy a cuenta" judicializar sus multas. Foto: difusión

El tope de sanción establecido por ley para Osiptel fue actualizado luego de 20 años y, en adelante, las empresas operadoras que incumplan las normas aplicables a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones deberán pagar multas de hasta S/4 millones 950.000.

El incremento al tope de sanciones estará vigente desde hoy tras la oficialización de la nueva Ley 31839, aprobada el pasado 22 de junio por el Congreso. Las infracciones leves, que antes eran sancionadas con multas de entre 0,5 y 50 UIT, ahora serán punibles hasta por 100 UIT (S/495.000). Las graves, con multas de entre 51 y 150 UIT, se penarán con hasta 500 UIT (S/2 millones 475.000 ).

Finalmente, las multas muy graves serán castigadas por el Osiptel con hasta S/4 millones 950.000 (1.000 UIT). En el esquema anterior, recibían multas de hasta 350 UIT.

Rafael Muente, presidente ejecutivo del Osiptel, saludó la medida y explicó que la escala anterior no tenía efectos disuasivos, pues las multas solo representaron el 0,09 % del monto de los ingresos operativos de los infractores desde 1996.

 Osiptel denunció que las multas en el sector telecomunicaciones son de las más bajas. Foto: composición/La República

Osiptel denunció que las multas en el sector telecomunicaciones son de las más bajas. Foto: composición/La República

"Esos topes, por más que se reajuste la UIT, ya eran absolutamente diminutos. Recordemos que las empresas tienen el derecho de cuestionar las multas en el Poder Judicial, lo cual tomaba muchos años y, en la práctica, implicaba una reducción del monto real pagado", señaló.

En orden histórico, Telefónica es la empresa más multada en las últimas dos décadas, seguida por Claro, Entel y Bitel. Descontando las ventas ambulatorias de líneas móviles, los mayores problemas de estas operadoras están asociados con cobros indebidos a los usuarios, así como calidad del servicio.

Cerca del 96% de los procesos son ganados por Osiptel en el fuero judicial. Además, el monto de las multas no va a las arcas del organismo regulador, sino a las de Pronatel, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Así que incentivos económicos para sancionar no tenemos. La idea de que "si multaran menos, daríamos mejor servicio" es falsa. Nosotros detectamos un problema, alertamos a la empresa, damos plazo de hasta un año para que mejoren, y recién si siguen incumpliendo las multamos", aclaró Muente.

Llamada en espera

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por que esta nueva escala de multas vaya acompañada de una política de "excesiva regulación" del Osiptel.

Para Leonie Roca, titular de la organización que asocia a las cuatro operadoras antes mencionadas, hay una "falta de rigurosidad" para emitir normas de manera constante que impacta verticalmente sobre la rentabilidad de la industria y genera mayores costos a los usuarios.

"Se establecen regulaciones sobre regulaciones; de no ser cumplidas, tendrán ahora multas cada vez más altas. Es una tremenda vocación sancionatoria incluso advertida por OCDE", cuestiona la abogada.

La clave

Punición. Las multas impuestas por Osiptel, declaradas firmes en el periodo 2022, superan los S/85 millones, según información oficial. Las causales más comunes son errores en la entrega de información e interrupciones del servicio.

La palabra

Rafael Muente Schwarz, presidente del Osiptel

“Quejarse de las sanciones es desviar la discusión de fondo, que es el incumplimiento reiterado de estas empresas. No podemos caer en el argumento de sancionar menos para impulsar la inversión”.

Periodista de prensa escrita y digital, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Actualmente, en La República, donde escribe sobre economía, con énfasis en hidrocarburos, minería y conflictividad social.