Astilleros ilegales siguen construyendo embarcaciones pese a prohibición

Desde hace ocho años es ilegal la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras, según el Decreto Supremo 006-2015 emitido por el Ministerio de la Producción (Produce) y por recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), tras comprobarse que la flota se había incrementado.

La sobrepoblación de embarcaciones generó una mayor presión de pesca sobre los recursos, además de que el tiempo y esfuerzo que los pescadores empleaban para las capturas también se había elevado, lo que afectaba directamente a sus ingresos.

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Ya para el 2018 se emitió el Decreto Legislativo 1393, que disponía que se intervengan los lugares de construcción de embarcaciones, así como la destrucción de estas y los implementos usados para este fin; sin embargo, dicha medida no se ha podido aplicar porque el Ministerio Público señala que, por ejemplo, para hacer un descerraje se requiere una autorización judicial, pero esta solo se otorga para el caso de un delito y no de una infracción administrativa, explica Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú.

"El Ministerio Público no está utilizando la norma. Ellos dicen que el juez no les va a autorizar un descerraje si se trata solamente de una infracción administrativa y no de un delito. Entonces, la construcción ilegal simplemente continúa como antes de la emisión de este decreto legislativo", precisó a La República.

Las consecuencias que se sigan construyendo embarcaciones son graves, explica Heck, porque en 2015 se demostró que la flota pesquera ya era demasiado grande para lo que puede soportar nuestro ecosistema. Chimbote, llo, Paita y Zorritos se identificaron como las zonas más recurrentes de construcción ilegal, según la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) al 2017.

La letrada recuerda que los índices de pobreza de los pescadores artesanales peruanos han aumentado, en un contexto en el que se esfuerzan más para capturar recursos y, pese a ello, la cantidad que traen no es suficiente. "Entonces, eso se traduce en menores ingresos, porque el mayor esfuerzo quiere decir más horas de pesca, más gasolina, más tiempo invertido", puntualizó.

Vale acotar que el Perú pierde S/1.200 millones al año por la pesca ilegal, según cifras del Poder Ejecutivo.

Amplio consenso para erradicarlos

Los PL 3413 y 3557 ya cuentan con la opinión favorable de diversas entidades públicas y privadas. Entre ellas se encuentran el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“De aprobarse la propuesta, el Ministerio Público contará con las herramientas legales que les permita realizar las investigaciones correspondientes, contribuyendo de este modo en la lucha contra las actividades ilegales vinculadas al sector pesquero”, señaló el Ministerio de la Producción.