Astilleros ilegales continúan construyendo embarcaciones pese a estar prohibido desde 2015

Desde hace 8 años es ilegal la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras, según el Decreto Supremo 006-2015 emitido por el Ministerio de la Producción (Produce) y por recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) al comprobarse que la flota se había incrementado, lo que generó una mayor presión de pesca sobre los recursos, además de que el tiempo y esfuerzo que los pescadores empleaban para las capturas también se había elevado, de manera que afectaba directamente a sus ingresos.

Para 2018 se emitió el Decreto Legislativo 1393, que disponía que se intervengan los lugares de construcción de embarcaciones, así como la destrucción de estas y los implementos usados para este fin; sin embargo, dicha medida no se ha podido aplicar porque el Ministerio Público señala que, por ejemplo, para hacer un descerraje se requiere una autorización judicial, pero esta solo se otorga para el caso de un delito y no de una infracción administrativa, según explica Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú.

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"El Ministerio Público no está utilizando la norma. Ellos dicen que el juez no les va a autorizar un descerraje si se trata solamente de una infracción administrativa y no de un delito. Entonces la construcción ilegal simplemente continúa como antes de la emisión de este decreto legislativo", precisó la especialista a La República.

Heck agrega que las consecuencias que se sigan construyendo embarcaciones son graves, porque en 2015 se demostró que la flota pesquera ya era demasiado grande para lo que puede soportar nuestro ecosistema. Chimbote, llo, Paita y Zorritos se identificaron como las zonas más recurrentes de construcción ilegal, según Dicapi al 2017.

Dos propuestas del Congreso podrían hacer la diferencia

En el Congreso de la República se han presentado dos iniciativas que podrían hacer la diferencia. Se trata de los proyectos de ley 3413 y 3557, de José Jerí Oré (Somos Perú) y Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular), respectivamente. Ambas propuestas coinciden en incorporar la construcción o modificación de embarcaciones como delito en el Código Penal.

A quienes infrinjan la ley se les impondría una pena de cárcel no menor a tres años ni mayor a cinco. Las propuestas fueron presentadas en 2022 y desde entonces se encuentran en la Comisión de Justicia, grupo de trabajo liderado por Américo Gonza Castillo (Perú Libre). Cabe precisar que la segunda legislatura ordinaria del período 2022-2023 fue ampliada hasta el viernes 23 de junio.