Gobierno presenta a la Cámara de Diputados el proyecto para crear la Ley MAPE: ¿qué cambios plantea para la pequeña minería?
El proyecto crea un organismo especializado para gestionar la formalización, establece un plazo hasta junio de 2028 para completar el proceso de los mineros incorporados al nuevo régimen y plantea controles sobre el origen y la comercialización de minerales.
La República en GoogleEl Poder Ejecutivo presentó este lunes 19 de octubre ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), aprobado por el Consejo de Ministros.
La iniciativa busca reemplazar el esquema actual por un marco que regule tanto las operaciones mineras como las actividades de transporte, procesamiento y comercialización. Entre sus principales medidas figuran la creación de una entidad especializada y el cierre del actual proceso de formalización minera a fines de 2026.
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Ley MAPE: Reinfo cerraría en diciembre de 2026 y nuevo régimen duraría hasta 2028
El proyecto establece que el Proceso de Formalización Minera Integral concluirá el 31 de diciembre de 2026. Desde enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028 funcionaría un régimen de consolidación para que determinados inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) completen los requisitos pendientes.
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Podrán acogerse quienes mantengan su inscripción al cierre de 2026 y sean incorporados conforme a las condiciones de la propuesta. Los registros vigentes permitirían continuar temporalmente las operaciones en las coordenadas declaradas, mientras que los inscritos con estado suspendido conservarían esa condición hasta que la autoridad evalúe si corresponde levantarla.
Para quienes inicien actividades fuera de este proceso transitorio, el proyecto contempla un régimen ordinario permanente, sujeto a autorizaciones sectoriales y certificación ambiental.
FORMAPE asumiría la formalización y autorización de pequeños mineros
La propuesta crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). La entidad asumiría la gestión de autorizaciones, registros y evaluaciones ambientales, así como la fiscalización y aplicación de sanciones dentro de sus competencias.
El traspaso de funciones sería progresivo: mientras el organismo no entre en operaciones, el Minem se encargaría temporalmente de estas tareas. El proyecto contempla un plazo inicial de cinco años para transferir las competencias de autorización y evaluación ambiental del régimen ordinario, ampliable mediante decreto supremo.
Además, se implementaría una ventanilla única para los trámites y un sistema de trazabilidad que permita seguir el recorrido de los minerales desde su origen hasta su comercialización.
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Proyecto establece controles ambientales e incentivos para contratos mineros
El proyecto plantea que los pequeños mineros y mineros artesanales cuenten con certificación ambiental y autorización sectorial. Además, plantea reducir progresivamente el uso de mercurio en la extracción y procesamiento de oro hasta eliminarlo.
Durante los primeros cinco años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisaría el cumplimiento ambiental de las plantas de beneficio con capacidad autorizada superior a 25 toneladas métricas diarias. Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fiscalizaría la seguridad de las instalaciones y operaciones, mientras que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) verificaría las obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo.
La propuesta también establece responsabilidades por daños ambientales según la existencia de contratos de explotación o cesión vigentes. Para incentivar estos acuerdos, ofrece a los titulares de concesiones que los celebren por al menos tres años una tarifa de derecho de vigencia equivalente a la de pequeño productor minero y la exoneración de penalidades, siempre que cumplan las condiciones previstas.
La iniciativa aún debe pasar por el trámite legislativo y, de aprobarse, requerirá reglamentos y adecuaciones institucionales para su implementación.
