Meseros se quedarían con el 100% de las propinas que reciben, según proyecto del Congreso
Hospedajes y restaurantes estarían obligados a informar sobre los montos recaudados por recargo de consumo y propinas tanto a los trabajadores como a las autoridades.
La República en GoogleLa congresista Katy Ugarte Mamani (no agrupada) propone que el 100% del dinero recaudado por conceptos de recargo de consumo (RC) y propinas sean dirigidos únicamente a los trabajadores de los establecimiento de hospedaje o restaurantes, y será considerado adicional a la remuneración y los beneficios laborales. El objetivo es promover mejores condiciones laborales, y contribuir al progreso social y económico de los empleados.
El proyecto de ley 5173, presentado el jueves 25 de mayo, precisa que el pago de estos montos será realizado en acuerdo de ambas partes, pero no podrá superar los 30 días calendario. En tanto, si el trabajador realizó sus actividades por un plazo menor, le corresponderá una cantidad proporcional.
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Además, los establecimientos están obligados a transparentar los montos recaudados por RC y propinas tanto a sus trabajadores como al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
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"Tanto el recargo al consumo como las propinas están a cargo de los consumidores, cuyos montos, se entiende, deberían ser para los trabajadores; sin embargo, en el país no es ajeno saber de noticias sobre restaurantes que no reparten el total de este dinero (...), por ello, surge la necesidad de establecer un marco normativo que regule que, tanto el recargo al consumo así como las propinas, que son voluntarias, sean destinadas al 100% y únicamente a los trabajadores", se expone en el documento.
Asimismo, se ordena que los negocios que opten por el cobro de RC, que según la normativa vigente no debe superar el 13% del total de la cuenta, deberán informar a los usuarios de manera previa al consumo haciendo uso de un aviso en un lugar visible. De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo tendría un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar las disposiciones reglamentarias, mientras que cualquier incumplimiento del empleador podrá ser denunciado de manera anónima ante Sunafil.
La propuesta deberá ser evaluada por las comisiones del Congreso de la República antes de llegar al Pleno para su debate y votación.
