Gobierno plantea recomponer relaciones con la gran minería

La convención minera Perumin 35, finalizada ayer en Arequipa, fue un espacio donde el gobierno de Pedro Castillo intentó recobrar la confianza del sector minero, la que se debilitó con acciones de los primeros meses de su mandato, como la iniciativa de implantar nuevos impuestos o el cierre de minas en Ayacucho. Lejos de tal realidad, ayer el primer ministro Aníbal Torres, habló de incentivos a las exploraciones mineras, pero también recordó que las compañías extractivas deben cumplir con el medio ambiente, derechos laborales y el pago de impuestos.

El discurso de Torres en Perumin cerró una serie de intervenciones de voceros gubernamentales que daban señales de un cambio de rumbo para recuperar la confianza de los inversores. Por ejemplo, el martes, el ministro de Economía Kurt Burneo, remarcó que las tasas de la tributación minera no subirán, tampoco se modificará el marco normativo ambiental, dejando atrás el impulso del anterior titular de la cartera Pedro Francke, quien planteaba elevar los impuestos.

O incluso, el jueves, el viceministro de Gobernanza Pedro Palomino, hizo un mea culpa sobre el pobre desempeño del Ejecutivo nacional en la resolución de conflictos, como el caso de Las Bambas (Apurímac), indicando que ya no se cambiará de forma abrupta a los interlocutores del gobierno y que estos equipos de diálogo se reforzarán.

Bajo ese marco discursivo del gobierno de Castillo, ayer Aníbal Torres empezó su alocución reconociendo el rol histórico de la actividad minera en la economía del país. Luego refirió que el país consagra en su constitución un modelo de economía social de mercado, el mismo que incentiva la actividad privada.

“Y haremos mucho más, como simplificar administrativamente a fin que las actividades de exploración se hagan con mayor prontitud y facilidad”, dijo Torres.

En los distintos conversatorios de Perumin se hizo hincapié en el retroceso de Perú en las inversiones de exploración minera, lo que le llevó a ser último en el índice de competitividad 2022 frente a otros países de potencial minero, como Australia o Canadá. El jueves en que se publicó el estudio, se explicó como causas el exceso de tramitología y la falta de seguridad jurídica, cuya percepción para los inversores empezó con el actual gobierno.

Torres pidió además al auditorio minero seguir confiando en el Perú. “Que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú, están seguras. Confíen que el Perú y el gobierno les garantiza sus inversiones en este país”, expresó ante un aplauso generalizado del público.

Antes de la intervención del premier, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, también recordó que el gobierno promueve medidas de incentivo, como la extensión por 5 años de la devolución del IGV para las actividades exploración. “Trabajamos nuevas propuestas de gestión para generar incentivos y optimizar la promoción de la actividad minera en el país”.

Obligaciones

Sin embargo, Torres también recordó las obligaciones de las compañías mineras. “A su vez en esta economía social de mercado, es necesario tanto Estado como sea necesario, para que la actividad económica se desarrolle libremente, pero respetando los derechos de trabajadores, el medio ambiente y que se paguen los impuestos”, leyó Torres, generando también un aplauso, aunque en menor proporción.

Sobre los impuestos, Torres no mencionó cambios, pero remarcó que dichos dineros le pertenecen al Estado. “Lo ajeno se tiene que respetar y los impuestos no le pertenecen a quien produce la renta sino al Estado y se debe entregar a quien le corresponde”.

Más temprano, la ministra Alessandra Herrera, también reconoció el rol de la minería como motor económico del país. Empero, recordó que la actividad de la “minería del pasado”, dejó pasivos ambientales. Hizo un llamado para que las empresas construyan un mejor relacionamiento comunitario, que abarquen desde la etapa de exploración hasta el cierre de la mina, bajo un clima de armonía y respeto al marco ambiental.

Además, Herrera informó que el proyecto de ley del presupuesto del 2023, priorizará el fomento de actividades de remediación de pasivos ambientales mineros. Añadió que Perú es el único país en Latinoamérica que tiene un fideicomiso para remediar componentes mineros abandonados o inactivos.

Añadió que el proyecto del próximo presupuesto, también priorizará las acciones de formalización de la pequeña minería.

Desarrollo social

Las charlas durante los 5 días de Perumin, también permitieron conocer que, a pesar de la existencia del canon y regalías mineras, muchos distritos y comunidades en zonas de influencia no mejoraron sus índices de desarrollo humano frente a zonas no mineras. Se advierte un deficiente diseño de la repartición del canon y mala ejecución.

Se puso como ejemplo que Espinar (Cusco), que tiene el proyecto Antapaccay, pero todavía no supera a Sicuani en índices de desarrollo, a pesar que esta última no tiene mina pero sí forma parte de una red vial nacional, que le otorga otro tipo de ventaja competitiva.

Aníbal Torres también abordó este aspecto. “No hemos logrado que la minería genere bienestar en habitantes de las comunidades más pobres”, dijo. Luego recordó que el gobierno acaba de conformar una comisión multisectorial para determinar cómo optimizar el uso de los impuestos que genera la actividad extractiva.

Sin embargo, Torres también pidió a las empresas continuar con sus programas de inversión social en zonas de influencia y señaló que existen modelos exitosos para replicar.

Acerca de la conflictividad en el país, el primer ministro aceptó que todavía es alta y que se debe trabajar en prevención. “Tanto el Estado como las empresas debemos implementar mejoras”.

Cobre para el futuro

Durante las jornadas de Perumin, un tema en común fue la demanda futura que tendrá el cobre por el cambio de matriz energética en el mundo, la que requerirá más toneladas del mineral para la movilidad eléctrica, con la que se busca reemplazar el combustible fósil y sus emisiones de carbono.

Por ejemplo, ahora la producción mundial oscila entre 23 y 24 millones de toneladas, pero se estima que para el 2030, se requerirá otras 4 a 6 millones de toneladas. Esta proyección va de la mano con compromisos asumidos en mejora del medio ambiente, como la Unión Europea, que para el 2030 puso la meta reducir los vehículos que generen emisiones, los que deben ser reemplazados por autos eléctricos.

Durante Perumin, se informó que el Perú cuenta con 21 proyectos de cobre, los que ayudarían a satisfacer la futura demanda del mineral.

El evento finalizó con el anuncio que la próxima edición de Perumin 36 será también en Cerro Juli- Arequipa. Entonces, se podrá comprobar si la relación del gobierno con el sector minero logró mejorar o quedó en el discurso.

“Improvisación y demagogia atentan contra minería”

En la clausura de Perumin, 12 líderes de empresas mineras firmaron un pronunciamiento titulado “Perumin a las nuevas generaciones”, que fue leído por el presidente del instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) Abraham Chahuán.

El discurso empieza señalando los cambios de paradigmas que generó la pandemia de COVID-19, que además de desnudar las fragilidades de las estructuras públicas dio paso a iniciativas populistas.

En otro momento del pronunciamiento, se indicó que “la improvisación y demagogia en el sistema de decisiones públicas”, es la principal traba contra el desenvolvimiento de la minería responsable. Que eso no debe repetirse en el futuro.

El discurso aborda además del potencial minero del Perú, con 21 proyectos de cobre que, en un lapso de 8 años, podría extraer 2.5 toneladas de cobre fino, equivalente a una inversión en US$ 36 mil millones. Además, que una inversión adicional de US$ 17 mil millones permitirían ejecutar otros proyectos de minerales como oro, hierro, zinc o plata.