Pedro Francke: “Las denuncias por corrupción son un freno importante para la economía”
Entrevista al exministro de Economía y Finanzas, quien sugiere que los peruanos deben “comenzar a pensar en una nueva Constitución”.
—Las denuncias por corrupción al Gobierno sofocan la inversión. ¿Qué hacer?
—Las condiciones internacionales hay que mirarlas con mucho cuidado porque el Perú depende mucho de ello. Felizmente, en las últimas semanas, precios claves del trigo y petróleo, que empujaron la inflación al alza, bajaron en el mercado internacional. El cobre, nuestro principal producto de exportación, repuntó de US$3,25 a US$3,65. Son buenas noticias que van a facilitar el control de la inflación y mejorar las perspectivas en el negocio minero.
—Pero persiste la inestabilidad y la crisis política...
—La inestabilidad política y las denuncias de corrupción son un freno importante para la economía, en particular la corrupción. Sigue siendo muy importante acelerar la inversión pública, porque hay necesidad de infraestructura económica como carreteras, puertos, aeropuertos, que son claves para el crecimiento del Perú. Eso requiere de un aparato público bien afiatado y bien transparente para poder ejecutar las obras rápidamente y eficazmente.
—El ministro Burneo señaló que un pilar del plan de reactivación es propiciar la inversión pública, que cayó desde octubre pasado. ¿Qué nos dice de ello?
—Efectivamente, estuvo en un pico en el segundo semestre del 2021, pero en el primer semestre de este año se ha reducido. No estuvo tan mal la ejecución de gobiernos regionales y municipalidades. El Gobierno nacional es el que estuvo más lento, y para la inversión pública son dos elementos esenciales. Por un lado, el presupuesto es el combustible que le pone el MEF y lo entrega a los distintos sectores para que hagan las obras, pero la ejecución misma, quien decide qué obras son prioritarias y cómo se distribuyen los distintos proyectos, que en muchos casos están a cargo de las contrataciones mismas, que es donde hay muchos problemas, corresponde a las entidades ejecutoras, llámese Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda y las mismas municipalidades. Y allí tenemos un problema difícil ahora. Es un tema crítico que seguramente el ministro Burneo tendrá que tratar en las próximas semanas.
—El Decreto de Urgencia N° 102 del 29 de octubre del 2021 autoriza financiar unas 120 obras públicas de agua potable y saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda, en unos 100 distritos de distintas regiones del país, y más de 30 en Cajamarca. De los S/496,6 millones transferidos, S/127,8 millones fueron a distritos cajamarquinos, entre ellos Anguía, desde donde actuaba el alcalde Nenil Medina Guerrero, y donde hay presuntos visos de corrupción. Usted estaba en el MEF. ¿Qué nos puede decir?
—La política de promover inversión pública es importante. Al MEF le corresponde promover por el lado presupuestal vía inversión pública. Sin embargo, en este caso, es el ministerio del sector, el de Vivienda; desde agosto había propuesto un programa que ellos llaman Perú en Marcha para un paquete de obras. Tenía una demanda presupuestal mayor, pero había que estar seguros de que serían obras que pudieran ser ejecutadas, que tuvieran proyectos de inversión viables. Luego Vivienda priorizó las obras de acuerdo a los criterios del ministerio, tanto en su programa de saneamiento urbano como rural. La necesidad de agua y carreteras y de otra infraestructura es grande en el Perú, pero son los ministerios sectoriales y los distritos los encargados de su ejecución. También tenemos una Contraloría que hace un control concurrente para tratar de eliminar o controlar los hechos de corrupción que podría haber.
—Justo, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder consiguió establecer que la esposa del presidente, Lilia Paredes, y sus hermanos Yenifer, Walter y David, vinculados con el alcalde de Anguía, aprovecharon su cercanía con el presidente Castillo para promover, financiar y ejecutar un esquema de direccionamiento de adjudicaciones de obras públicas para obtener beneficio económico. ¿Sospechaba de este tipo de actuar en su paso por el MEF?
—No, en absoluto, yo no conozco al alcalde de Anguía, ni he tenido ningún conocimiento de ese tipo de arreglos, que me parecen que, como cualquier acto de corrupción, son totalmente cuestionables. Eso corresponde a los ministerios sectoriales y a los municipios que ejecutan las obras y que son los que hacen los procesos de selección y contratación. Por mi parte, no tenía ningún tipo de conocimiento de ese tipo de reuniones o de concertaciones que me parece son totalmente negativas. La priorización de las obras debe corresponder a un criterio eminentemente técnico, en el cual, a nuestro juicio, deben ser aceleradas las obras en los distritos más necesitados y en particular las que están paralizadas. Porque las obras que se quedan a medias son un gran perjuicio para el país.
—El clima internacional mejoró, pero el marco interno continúa mal en lo político...
—Me parece que la coyuntura internacional ha mejorado, pero hay un tema esencial, que es la gobernabilidad. Lamentablemente esta serie de denuncias afectan al núcleo cercano del presidente. Además tenemos una situación de difícil gobernabilidad porque el Congreso parece haber estado preocupado en dar leyes que más responden a intereses particulares de determinados sectores, de determinadas empresas, que a un público general. Definitivamente es necesario una salida democrática, constitucional para resolver los problemas de gobernabilidad que tiene el país. El buen funcionamiento del Estado y la estabilidad política también son esenciales para el crecimiento económico.
—¿Esto implica nuevas elecciones, donde se vayan todos, Ejecutivo y Congreso?
—En una situación como esta, el pueblo debe decidir. El pueblo debe ser consultado. Creo importante que a través de una reforma constitucional, sometida a referéndum, sea el mismo pueblo el que decida si hay que cambiar al presidente, si es que hay que cambiar al presidente y al Congreso o solo al Congreso. Hay que comenzar a pensar en una nueva Constitución. A pesar de todas las dificultades, hay que persistir en la idea de que la democracia, la decisión del pueblo, son lo que debe primar.
