Casi 2.400 millones de mujeres no tienen los mismos derechos económicos que los hombres
A pesar de la pandemia, 23 países mejoraron su legislación para promover la inclusión económica de las mujeres en el 2021, según el Banco Mundial.
Alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas y 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía. En 86 países, las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral y 95 naciones no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, según el informe del Banco Mundial titulado La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022.
En el caso de nuestro país, las cifras muestran que de las 39 economías con puntuaciones superiores a 90 en cuanto a paridad jurídica, solo dos están en América Latina y el Caribe: Perú (95,0) y Paraguay (94,4). Así también alcanzamos el puntaje más alto (100) en seis de las ocho áreas de regulaciones que afectan las oportunidades económicas de la mujer: movilidad, trabajo, remuneración, empresariado, activos y jubilación.
Sin embargo, Perú mantiene el puntaje de 80, el mismo registrado en la edición anterior del informe, en las áreas de matrimonio y parentalidad.
“Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar”, afirmó Carmen Reinhart, vicepresidenta sénior y economista en Jefe del Grupo Banco Mundial. “Eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres a participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones”, continuó.
Aspectos regionales destacados
En América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres. De las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas el año pasado. Argentina contabilizó explícitamente los periodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Solo la mitad de las economías de la región garantizan algún tipo de licencia remunerada para los padres.
A nivel global
Las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres, lo que se traduce en una puntuación total de 76,5 sobre 100 puntos, que indicaría la existencia de una paridad jurídica completa. Sin embargo, a pesar del efecto desproporcionado que la pandemia mundial ha generado en la vida y los medios de subsistencia de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en el 2021 y dieron pasos muy necesarios para promover la inclusión económica de las mujeres, según el informe.
“Si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de USD 172 billones, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) anual del mundo”, señaló Mari Pangestu, directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. “A medida que avanzamos hacia un desarrollo verde, resistente e inclusivo, los gobiernos deben acelerar el ritmo de las reformas legales, para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse de manera plena y equitativa”, continuó.
El mayor número de reformas correspondió a los indicadores de parentalidad, remuneración y trabajo. Muchas modificaciones se centraron en la protección contra el acoso sexual en el trabajo, la prohibición de la discriminación por razones de género, la extensión de la licencia remunerada para los nuevos padres y madres, y la eliminación de las restricciones laborales para las mujeres.
Los indicadores de remuneración y parentalidad muestran los puntajes promedio más bajos del índice, pero durante el último año se elevaron en 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, y alcanzaron promedios de 68,7 y 55,6. Los avances en el indicador de parentalidad se han referido en gran medida a la licencia por paternidad y a la licencia parental compartida, pero su baja puntuación destaca la necesidad de acelerar las reformas en esta área.
