Petroperú deberá indemnizar a afectados por derrame en Cuninico
El TC declaró fundada la demanda presentada por cuatro comunidades nativas de Urainas por el derrame de 2.500 barriles de crudo en dicho territorio en julio de 2014.
- SBS propone facilitar el acceso a fondos para familiares de afiliados fallecidos
- Crisis de gas natural: Osinergmin autoriza ingreso de cisternas extranjeras e importación directa de GLP
El Tribunal Constitucional dictaminó que la empresa Petroperú deberá resarcir económicamente a los pobladores de cuatro comunidades nativas del distrito de Urainas, en la región Loreto, por el derrame de petróleo en dicho territorio en 2014.
La sentencia obliga a la empresa a compensar a las comunidades de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa, cuyos miembros presentaron la demanda organizados bajo la Federación de Pueblo Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum).
TE RECOMENDAMOS
EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
En junio del 2014, 2.500 barriles de crudo del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, fueron derramados en la quebrada de Cuninico. Un año después, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) resolvió que la empresa era responsable por el potencial daño a la salud de las agrupaciones afectadas.
El TC ordenó el cumplimiento del ítem 4 del anexo 4 del Decreto Supremo 081-2007-MINEM, el cual aprueba el reglamento de transporte del petróleo mediante ductos y donde se establece que el operador del oleoducto deberá iniciar un proceso de identificación de los perjudicados por los daños y compensarlos.
Sin embargo, y tal como recoge un informe de La Mula en 2017, Petroperú desde un inicio se negó a compensar económicamente a las comunidades. Aseguró que “el hidrocarburo derramado fue confinado en el canal de flotación del ONP, y no alcanzó fuentes naturales de agua o ríos aledaños”.
Ahora, tal y como se configura en el DS, el operador deberá reconocer y realizar un inventario de los daños ocasionados en un periodo de 15 días de la fecha del incidente. Los afectados podrán acudir a la Defensoría del Pueblo con el objetivo de buscar un trato justo y, de no llegar a un acuerdo, ir con un juez.
El Instituto de Defensa Legal destacó la participación en el proceso de los líderes y lideresas, así como de las madres indígenas de estas comunidades, entre ellas Flor de María Paraná, Loydi Macedo Mozombite, Monica Kikube Canaquiri y Maria Pacaya Sifuentes.
