Minería: Desprotección al trabajador y favorecimiento a las empresas son características del sector ante la COVID-19

Un informe del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam (CEDLA), recogió el panorama de la minería en el Perú en tiempos de COVID-19 y reconoció las grietas que laceran a los trabajadores que se desempeñan en esta actividad, que representa alrededor del 9% del PBI nacional y el 60% del valor total de las exportaciones.

Por ejemplo, el estudio detalla que la minería fue bloqueada por las medidas restrictivas en los primeros días de la cuarentena, aunque pocas empresas las adoptaron y mandaron a sus trabajadores a casa, mientras que gran parte continúo operando, lo que generó la respuesta de sindicatos y autoridades locales, quienes denunciaron a estas compañías ante la Policía y el Ministerio de Trabajo.

Protocolos a medias

Aunque el 17 de marzo, el Gobierno eximió al sector minero de las medidas de bloqueo. ‘‘Esto fue el resultado directo de un fuerte lobby del sector minero. Sin embargo, para seguir operando, se exigió a las empresas que presentaran al gobierno protocolos que garantizaran la salud de sus trabajadores y de las comunidades cercanas. Para muchas firmas esos protocolos constituían un gran desafío, debido a la naturaleza de enclave de sus operaciones y las características de las infraestructuras mineras'‘.

Estos protocolos incluían restricciones a viajes de los empleados mineros a sus hogares para proteger a sus familias y comunidades del coronavirus, aunque ‘‘algunas empresas fueron aún más lejos y detuvieron por la fuerza a los trabajadores en los campamentos durante un máximo de 60 días, violando descaradamente sus turnos y su derecho a la libertad'‘.

Sumado al incumplimiento del distanciamiento social en el espacio de trabajo, tanto en las minas subterráneas como en los dormitorios, instalaciones sanitarias y comedores de los campamentos, y teniendo en cuenta que la lejanía de estas explotaciones mineras dificultaba aún más los servicios de salud y toma de pruebas.

Más de 700 trabajadores mineros con COVID-19

El estudio señala que 718 trabajadores mineros tienen COVID-19, siendo el Consorcio Minero Horizonte el que lidera esta tabla, con 304 casos, seguido por Antamina (216, y un fallecido) y Marcobre (128).

‘‘Este alarmante número de infecciones entre los trabajadores de las minas da fe de la insuficiencia de las medidas que se tomaron y de los riesgos que tomaron las empresas mineras: sólo cuando sus trabajadores dieron positivo decidieron cerrar’‘, acotan desde CEDLA.

Disminución del empleo en la minería

Las empresas mineras fueron reduciendo los costos de mano de obra a medida que las explotaciones disminuían sus operaciones o cerraban por completo, tomando medidas como:

• Tanto empresas como subcontratistas trataron de negociar o anunciar unilateralmente un periodo de vacaciones (no remuneradas) para mantener su contrato – reportándose a Sociedad Minera Cerro Verde, Backus, AustriaDuvaz, y Raura SA - o reducciones de salarios.
• Mineras terminaron los contratos con sus subcontratistas declarando la obra o el servicio para los que fueron contratados como oficialmente ‘‘terminado'‘, permitiendo esta medida legal rescindir contratos de servicios al tiempo que proporcionaba la base para que los subcontratistas hagan lo mismo con sus trabajadores, registrándose en Minas de Buenaventura SA, Sociedad Minera Cerro Verde y Shougang Hierro Perú.
• Aplicación de la suspensión perfecta de labores, que, según Ojo Público, afectó a más de 70 mil empleados en todos los sectores, ubicándose en el rubro minero Semsa, Minera Santa Luisa, San Martín Contratistas Generales, Grupo Maquinarias Perú, Minera Corona, Austria-Duvaz, Minas de Buenaventura, Argentum, Raura e IESA.
• Persuasión de los trabajadores para que renuncien voluntariamente, ofreciéndoles dinero a cambio de su dimisión.

Finalmente, el estudio recalca que en el Perú hay mecanismos legales de fácil acceso para las empresas, permitiéndoles despedir trabajadores o suspender pagos, lo que agrava la vulnerabilidad del empleado, particularmente de los ya desfavorecidos – como los externos o subcontratados, precisan – y muestra el ahondamiento de las desigualdades entre los grupos de cadenas de valor.

‘‘También se ha puesto en evidencia el papel del gobierno en la facilitación de este deterioro de los derechos de los trabajadores’‘, sentencia el CEDLA.

Fuente: CNV Internationaal / CEDLA.

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