Un millón y medio de estatales no podrán negociar sus aumentos

Derechos. Servidores públicos manifiestan su desacuerdo ante la negativa del Poder Ejecutivo a permitir mejorar sus sueldos a través de la negociación colectiva.

14 Sep 2018 | 6:01 h

Derechos. Servidores públicos manifiestan su desacuerdo ante la negativa del Poder Ejecutivo a permitir mejorar sus sueldos a través de la negociación colectiva.

Un millón y medio de trabajadores se verán afectados con la restricción de poder negociar colectivamente incrementos salariales por la propuesta de ley del Ejecutivo sobre la materia que no respetaría de manera íntegra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), denunció el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal).

En los últimos días, Carlos Oliva, ministro de Economía  y Finanzas, indicó que cualquier incremento salarial se debe hacer a través de la Ley del Servicio Civil, que también fue declarada inconstitucional por el TC en ese capítulo.

Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sutesal, manifestó que los trabajadores desde el 2013 interpusieron acciones en el TC frente a las restricciones enmarcadas en la Ley de Presupuesto.

En el 2015, el TC emitió una resolución en la que se restituyen los derechos de los trabajadores en poder negociar condiciones económicas otorgándole un plazo al Congreso de la República para legislar en esta materia, el mismo que venció en julio del 2017.

Eyzaguirre recordó también que en noviembre del año pasado se aprobó por unanimidad el dictamen en materia de negociación colectiva en la Comisión de Trabajo, sin embargo la Mesa Directiva del Congreso nunca lo agendó ni le brindó ninguna prioridad a pesar de los pedidos reiterados de las organizaciones sindicales y de la misma comisión, sin embargo, sí le otorgó facultades al Ejecutivo en esta materia cuando en realidad lo que tenía que hacer era aprobar el dictamen de la Comisión.

En tal sentido, Sutesal denunció que el Ejecutivo pretende que todos los trabajadores públicos y privados de la actividad pública pasen al régimen de La Ley Servir, la misma que ya fue declarada inconstitucional por el TC en la parte que prohíbe incrementos remunerativos a través de negociación colectiva y laudos arbitrales.

Cabe precisar que las empresas del Estado son empresas privadas y cuentan con su propio Presupuesto, sin embargo hoy no pueden discutir condiciones económicas.

"El Congreso debe cumplir con su función, legislar de acuerdo al mandato del TC. No vamos a permitir ningún retroceso. No es posible que el propio Ministro de Trabajo no emita opinión, en todo caso debe pronunciarse o dar un paso al costado para no avalar este despropósito, que es un desacato del propio Gobierno al marco institucional", alertó Eyzaguirre.

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