Juegan con las reglas: casas de apuestas se amparan para esquivar el ISC

El Poder Ejecutivo se encuentra contra el reloj: tiene hasta el miércoles para promulgar la autógrafa legislativa que corrige una distorsión tributaria que afecta a las casas de apuestas deportivas y que ha sido señalada como generadora de competencia desleal. El abogado tributarista José Verona advierte que esta reforma resulta crucial para evitar una ola de acciones legales que ya han empezado a movilizar al sector.

Numerosas plataformas de apuestas han recurrido a Acciones de Amparo alegando fundamentos sólidos que el Poder Judicial ha acogido favorablemente para dejar sin efecto la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) contemplado en el Decreto Legislativo 1644. Según Verona, la normativa actual impone una carga desigual: mientras las empresas extranjeras trasladan el impuesto al usuario, las nacionales deben asumirlo directamente, lo que crea una brecha insostenible.

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Este escenario recuerda el conflicto legal que en su momento enfrentaron las empresas de juegos de azar y tragamonedas, las cuales lograron que se revise la aplicación del ISC por tratarse de una medida “discriminatoria”.

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Verona señala que esta posición fue expuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con énfasis en los perjuicios económicos que ocasiona gravar incluso los bonos promocionales otorgados al jugador. "Aplicar un porcentaje sobre dinero que no existe hace inviable la actividad, poniendo en riesgo miles de empleos directos e indirectos", agregó.

Ante este panorama, el Congreso actuó corrigiendo la norma con el objetivo de evitar el uso masivo de amparos como vía para eludir el tributo. Además, el especialista subraya que el DL 1644 ni siquiera menciona explícitamente las apuestas deportivas dentro de las operaciones gravadas, lo que abre un flanco legal para eventuales demandas de inconstitucionalidad.

Se prevé que esta modificación entre en vigencia a mediados de julio, cuando vence el plazo legal para que el Ejecutivo promulgue la ley que ajusta el marco normativo de la Ley 31557, que regula los juegos y apuestas a distancia.