Es falso que Perú no tenga empresas públicas, como dijo Evo Morales

Circula en redes sociales, desde el 26 de diciembre de 2022, un extracto de un discurso realizado por el expresidente de Bolivia Evo Morales sobre la situación política del Perú el 18 de diciembre de 2022 en la localidad boliviana de Cochabamba durante un evento partidario.

En el clip de un minuto, que cuenta con más de 53.000 reproducciones, se escucha a Morales afirmar que en Perú, “por Constitución”, no hay empresas estatales y, además, que el país “está prohibido de tener empresas públicas”. A continuación, la cita exacta:

“Se acabó ese Estado colonial, hermanos, queridos jóvenes, a mí me ha sorprendido, Perú por Constitución no tiene empresas públicas. Por Constitución, está prohibido tener empresas públicas, empresas de Estado. Imagínense, cómo la oligarquía peruana se ha blindado por la Constitución, todo privado”.

Pero, de acuerdo al artículo 60 de la carta magna, la actividad empresarial estatal es posible. En este artículo verificamos las dos declaraciones.

¿Actualmente existen empresas estatales? Sí.

Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, indicó que lo mencionado por Evo Morales no es cierto: “Es falso, eso es clarísimo, o miente o simplemente está desinformado”. “Para empezar hay muchas empresas estatales en el Perú bajo la sombrilla del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), que supervisa todo lo que es actividad empresarial del Estado”, precisó.

Actualmente, “si entras al Fonafe podrás ver la gran mayoría de empresas del Estado (35), algunas pocas están fuera de este Fondo porque fueron excluidas por ley expresa, como PetroPerú”, explicó Segura. Además, recordó que “la empresa más grande del Perú, pública o privada, es PetroPerú”.

Asimismo, el exministro también gesticuló que es posible crear nuevas empresas en caso de que “la prestación de un bien o servicio no esté suficientemente cubierto por el sector privado”. “Si hay un vacío ahí, una falla de mercado, entonces puedes hacer una empresa estatal que produzca ese bien o preste el servicio”, acotó.

Por otro lado, Segura expuso que “dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede estar bajo un ámbito de regulación de terceros, como el caso de electricidad y comunicaciones”. “Por ejemplo, si fuera una distribuidora eléctrica nueva, estaría bajo supervisión de Osinergmin. Si fuera una nueva compañía telefónica, estaría supervisada por Osiptel”, añadió.

Por su parte, Luis Miguel Castilla, también exministro de Economía y Finanzas, expuso que Fonafe, conglomerado a cargo de las empresas estatales, está a cargo de titulares de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, el ministro cuyo sector esté adscrito a Proinversión y la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros).

Además, resaltó el rol subsidiario de las empresas públicas y brindó un ejemplo en el que no hay presencia privada y se necesita la actividad pública: “El Banco de la Nación, bajo su oferta única bancaria, puede estar en distintas partes del país porque es la única oferta financiera que hay y eso no colisiona con la Constitución”.

Sin embargo, indicó que “cuando se asume actividades de riesgo es necesario ser cuidadoso al darle mayores responsabilidades al Estado porque si uno se fija en el Perú, entre el año 70 y el 21, las pérdidas económicas de la actividad empresarial estatal sumaron 25.000 mil millones de dólares, un monto bastante elevado que sucedió por diversos factores: intereses políticos, clientelismo, empleo improductivo, entre otros”.

¿La Constitución prohíbe la actividad empresarial estatal? No, pero sí la limita

Erick Urbina, constitucionalista, nos explicó que el Estado peruano sí puede hacer empresa, ya que “no hay un impedimento legal ni mucho menos constitucional, como lo ha dicho el señor Evo Morales”.

De acuerdo al especialista, el artículo 60 de la Constitución Política del Perú es el que “establece que el Estado peruano sí puede hacer empresa, pero para hacerlo necesita una ley expresa expedida por el Congreso de la República y debe ser siempre con un fin subsidiario, es decir, allí donde no llega el privado, debe llegar el Estado”.

Además, Urbina detalló que este artículo establece que la actividad empresarial, tanto la que realiza el Estado como la que realiza la empresa privada, “reciben el mismo trato legal para que exista igualdad de condiciones y se promueva la competitividad, cosa que no sucedió con otras constituciones que llevaron al fracaso de las empresas públicas”.

Por su parte, la constitucionalista Milagros Campos aclaró que estamos en una economía social de mercado, un régimen económico que se fundamenta en el principio de subsidiariedad —necesario para la creación de empresas públicas—, en la que el Estado complementa las actividades de quienes están en el sector privado.

Entonces, “la idea está en limitar la actividad empresarial del Estado para evitar el abuso que se ha dado anteriormente con el uso del clientelismo a través de empresas estatales”.

Esto en referencia a las pérdidas que sufrió el PBI peruano en el apogeo de la actividad empresarial estatal.

Por ello, además, actualmente se requiere, como expresó Urbina, de una ley expresa para crear una empresa del Estado. Este paso pone un filtro extra con el debate en el Parlamento para su aprobación o negación: “La decisión de realizar actividad empresarial no depende del gobernante de turno, sino que es una decisión colectiva. El Congreso califica el interés público para la creación”, explicó Campos.

Asimismo, la especialista elaboró que se requiere que la creación de empresas públicas sean “en la línea de la subsidiariedad” porque el Estado no debe competir con actividades del sector privado, solo “debería complementarlas ahí donde el sector privado no llegue”.

Conclusión

Es falso que por Constitución en el Perú no existan empresas estatales. Además, no es exacto que la Constitución prohíba la creación de nuevas empresas públicas, aunque sí pone límites. De acuerdo al artículo 60, es posible la creación de estas con motivo subsidiario. Es decir, requiere que el Estado cubra necesidades que el sector privado no.

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