El último 26 de noviembre, durante el Pleno del Congreso de la República, el legislador Roberto Kamiche, de la bancada Perú Democrático, resaltó las dificultades que tienen las personas con discapacidad para encontrar un empleo estable en el Perú. En su intervención, indicó lo siguiente: “Somos más de 3 millones de personas con discapacidad”. Y luego agregó: “... que no tenemos trabajo”.
Kamiche Morante, representante por la región La Libertad, perdió la voz a causa de un cáncer a la garganta. Por tal motivo, el parlamentario solo puede comunicarse mediante un dispositivo electrónico.
A raíz de sus declaraciones, en Verificador de La República realizamos una revisión sobre la situación laboral actual de las personas que viven con alguna discapacidad en el Perú.
En julio de 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó el “Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017″, elaborado a partir de la información de los Censos Nacionales de ese año.
Dentro de ese informe, se estipuló que más de 3 millones (3 209 261 personas) declararon tener alguna discapacidad o, en otras palabras, “alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias”. Esto supuso un 10,3% de la población del Perú.
El 48,3% de la población con discapacidad cuenta con dificultad para ver, siendo este el principal tipo de discapacidad reportado. Foto: captura en INEI
No obstante, la cifra total difiere de otros dos estudios más recientes. Uno de ellos fue elaborado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y se trata del “Informe estadístico del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad” de abril de 2022.
Tal documento estima que, este año, la población con discapacidad ascendería a poco menos de 2 millones (1 737 865 ciudadanos). Ello, basándose en la tasa de prevalencia (5,2%) que se obtuvo en la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis) del 2012. Del total, solo 396.589 se encuentran inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a corte de octubre de 2022.
Por su parte, en octubre de este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó el “Reporte del Mercado Laboral para Personas con Discapacidad en el Perú 2019-2022″. Este documento sostiene que la población en cuestión representa el 4,8% del total de peruanos, es decir, alrededor de 1 millón y medio (1.583.600 ciudadanos) a corte del 2021.
Pese a que las tres cifras son distintas, las dos últimas mantienen un porcentaje similar de la población total con discapacidad: 5,2% en el caso de Conadis y 4,8% en el MTPE.
En un marco más amplio, un informe del Banco Mundial del 2021 estimó que el 14,7% de la población de América Latina tiene alguna discapacidad, es decir, cerca de 85 millones de personas.
El previamente citado reporte del Ministerio del Trabajo (2022) sostiene que la población con discapacidad (PCD) en edad de trabajar (de 14 años a más) superó el millón en 2021 (1 143 000 ciudadanos), con una tasa de actividad del 44,4%. En otras palabras, aproximadamente cuatro de cada 10 personas con discapacidad forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
En comparación, reporta el MTPE, para el caso de las personas sin discapacidad, unas siete de cada 10 se encuentran en la PEA. Incluso, la mayoría (58,2%) de la Población Económicamente Inactiva (PEI) con discapacidad alegó, en 2021, su propia condición como el motivo de su inactividad económica.
De hecho, el 41,8% de la PCD en edad de trabajar se encontró empleada en 2021. Según las cifras, esto supera en 6,5% al periodo 2020, pero sigue siendo 1,2% menor al año prepandemia 2019.
El trabajo informal, a su vez, supone una problemática que afecta con mayor gravedad a las personas con discapacidad pese a que no se reserva únicamente a esta población. Mientras que el 76,5% de trabajadores sin discapacidad se encontraron en un empleo informal en 2021, esta cifra ascendió al 87% para las y los empleados con dicha condición.
La tabla fue elaborada por el MTPE a partir de información del INEI-Encuesta Nacional de Hogares 2019-2021. Foto: captura en MTPE
Por otra parte, las cifras del INEI presentan otros factores que suponen diferencia entre las personas con discapacidad y sin esta. Por ejemplo, a corte del 2017, existe un mayor porcentaje de PCD sin ningún nivel de educación (13,4% frente al 5,5% de ciudadanos sin discapacidad).
Tal problemática se agudiza al revisar la situación entre hombres y mujeres. Es así que el 16,7% de las féminas con alguna discapacidad no cuenta con ningún nivel educativo, frente al 9,1% correspondiente a los varones. Esto, a pesar de que el 56,7% de la PCD es femenina, acorde con las cifras de los Censos Nacionales 2017.
En la mayoría de niveles educativos, salvo en el Superior No Universitaria completa, las mujeres con discapacidad se encuentran en desventaja frente a sus análogos varones. Foto: captura en INEI
Entre las distintas medidas que ha tomado el Estado para insertar a la población con discapacidad en el mercado de trabajo, se encuentra la cuota laboral. Según el portal del Ministerio de Trabajo, esta, en entidades públicas, no debe ser menor al 5% del total del personal. Los empleadores privados con más de 50 colaboradores, a su vez, deben tener al menos un 3% de personas con discapacidad.
Asimismo, el MTPE cuenta con directivas de ajustes razonables. ¿Qué es esto? De acuerdo con la Resolución Ministerial n.º 171-2019-TR, se trata de “modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas” que se requieren en casos particulares para “garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones”, sin que tales adecuaciones supongan una carga desproporcionada o indebida para el empleador. Esta medida contempla tanto a empresas privadas como entidades públicas.
En noviembre último, a su vez, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) realizó una serie de conferencias sobre ajustes razonables y empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector público.
Por su parte, el Conadis viene elaborando las estrategias Inclúyeme, ¡Soy capaz! y Emprende sin límites. Se busca, así, ofrecer vacantes de empleo formal a personas con discapacidad y crear espacios para la integración económica de las PCD o su entorno familiar.
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