
Un juez federal en Estados Unidos autorizó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúen arrestando a inmigrantes dentro de los tribunales de inmigración en la ciudad de Nueva York. La decisión judicial rechaza una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y colectivos defensores de derechos migratorios, que calificaban la práctica como perjudicial para el acceso a la justicia.
El magistrado Kevin Castel, designado por el expresidente George W. Bush, concluyó que no existían pruebas suficientes para considerar que la nueva directriz del ICE sobre arrestos en cortes fuera arbitraria o ilegal. El fallo permite mantener operativa una guía del 2021, modificada en 2025, que autoriza detenciones dentro o en las cercanías de los tribunales.
El fallo del juez Kevin Castel ratifica la legalidad de una política implementada por el ICE, que amplía sus facultades para detener a inmigrantes en espacios judiciales. Castel desestimó los argumentos de la demanda que sostenía que la política del 2025 resultaba “inexplicable, arbitraria y caprichosa”. El letrado argumentó que la modificación responde a limitaciones operativas impuestas por leyes estatales y locales, que restringen el acceso del ICE a prisiones y centros de detención considerados tradicionalmente como “zonas seguras”.
En su dictamen, el juez también hizo referencia a la necesidad de adaptarse ante la falta de cooperación de autoridades locales, lo cual obliga a la agencia federal a ejecutar arrestos en contextos donde pueda garantizar la seguridad de sus agentes.
De acuerdo con la legislación federal vigente, las agencias de inmigración como el ICE cuentan con autoridad para ejecutar detenciones administrativas de inmigrantes indocumentados, incluso en instalaciones judiciales. La ley no prohíbe explícitamente los arrestos en tribunales, aunque la práctica ha sido ampliamente debatida por su impacto en el derecho al debido proceso.
Según Fox News, el juez Castel también bloqueó una política del Departamento de Justicia que instruía a jueces de inmigración a cerrar casos judiciales para permitir la detención inmediata por parte del ICE, por considerarla excesiva. No obstante, mantuvo la validez de los procedimientos actuales de detención post-audiencia.

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