Estados Unidos prohíbe comprar esta lista de alimentos con cupones SNAP en cinco estados desde 2026
Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y West Virginia son los primeros en limitar la compra de alimentos con el programa SNAP como parte de una iniciativa para eliminar productos poco saludables.
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Desde el jueves 1 de enero, los beneficiarios de ayuda alimentaria en cinco estados de Estados Unidos enfrentan nuevas limitaciones sobre qué productos pueden adquirir con esos fondos. Las medidas afectan la compra de refrescos, dulces, bebidas energéticas, entre otros alimentos.
Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y West Virginia se convirtieron así en los primeros, de al menos 18 estados, en aplicar estas excepciones, que impiden usar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para adquirir determinados productos.
¿Por qué se restringirá la compra de alimentos con cupones SNAP?
La prohibición de la compra de ciertos alimentos con el SNAP forma parte de una iniciativa promovida por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. Ambos han pedido a los estados excluir del programa federal —de unos 100 mil millones de dólares y conocido por décadas como cupones de alimentos— productos considerados poco saludables. Actualmente, el beneficio alcanza a cerca de 42 millones de estadounidenses.
"No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear”, señaló Kennedy en un comunicado en diciembre pasado.
La medida apunta a frenar enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, asociadas al consumo de bebidas azucaradas y otros productos similares. Este objetivo se alinea con la propuesta de Kennedy denominada “Hacer que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable”.
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Critican nueva medida sobre el programa SNAP
Especialistas en comercio minorista y en políticas de salud advierten que los programas estatales del SNAP, ya tensionados por recortes presupuestarios, no cuentan con las condiciones necesarias para asumir cambios tan complejos. Señalan que no hay listas completas de los productos restringidos y que existen dificultades técnicas en los puntos de venta, las cuales varían según el estado y cada tienda.
La Federación Nacional de Minoristas anticipa que estas medidas provocarán filas más largas en las cajas y un aumento de reclamos, a medida que los beneficiarios descubran qué alimentos ya no pueden adquirir. “Es un desastre a punto de ocurrir, con personas tratando de comprar alimentos y siendo rechazadas”, advirtió Kate Bauer, experta en ciencias de la nutrición de la Universidad de Michigan.
Además, un informe de la Asociación Nacional de Comerciantes y otros grupos del sector calcula que la puesta en marcha de estas restricciones tendría un costo inicial de 1.600 millones de dólares para los minoristas, más otros 759 millones de dólares anuales. “Al final, todos terminaremos pagando más cuando vayamos al supermercado”, alertó Gina Plata-Niño, directora de SNAP del Food Research & Action Center, organización que lucha contra el hambre.
Un importante cambio en la política federal de EE.UU.
Las exenciones marcan un giro frente a una política federal que se remonta a 1964 y que luego quedó ratificada en la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008. Esa norma establecía que los beneficios del SNAP podían usarse para “cualquier alimento o producto alimenticio destinado al consumo humano”, con dos excepciones: el alcohol y las comidas calientes listas para comer. Además, la ley prohíbe de manera expresa el uso de estos fondos para la compra de tabaco.
A lo largo de los años, distintos legisladores plantearon limitar el programa para que no pague productos como el bistec o alimentos chatarra, entre ellos papas fritas y helados. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron. Investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos concluyeron que imponer restricciones resultaría caro y difícil de aplicar, y que, además, no había garantías de que modificara los hábitos de compra ni redujera problemas de salud como la obesidad.
El escenario cambió durante el segundo gobierno de Donald Trump, cuando la Casa Blanca comenzó a alentar e incluso a ofrecer incentivos, para que los estados solicitaran exenciones. Varios respondieron a ese llamado. “Esta no es la típica agenda de salud pública vertical e impositiva”, afirmó el gobernador de Indiana, Mike Braun, al anunciar la solicitud de su estado la primavera pasada. “Nos enfocamos en las causas raíz, la información transparente y resultados reales”, sostuvo.
