Hace dos décadas, era bastante común encontrar un teléfono público en cada esquina, ya que muy pocas personas poseían un celular personal y las llamadas desde teléfonos fijos tenían tarifas realmente altas. Sin embargo, con el pasar de los años, su presencia se ha reducido considerablemente, al punto de que mucha gente cree que han desaparecido por completo. ¿Todavía existen en Perú?
Para obtener una visión actualizada sobre la situación de los teléfonos públicos en Perú, La República se puso en contacto con Ana Claudia Quintanilla, gerenta de Regulación de Telefónica del Perú, quien corroboró que, en efecto, la cantidad de estos dispositivos ha experimentado una reducción en los últimos años, considerando que en 2013 (hace 10 años) había más de 207.000 en todo el país.
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―¿Telefónica todavía tiene teléfonos públicos en Lima y otras ciudades del Perú?
―Sí; sin embargo, su uso se ha reducido en los últimos quince años debido a la adopción por parte de la población de los servicios móviles, tanto en zonas urbanas como rurales. Se ha evidenciado que cuando llega el servicio móvil a una localidad, el uso de teléfonos públicos llega a niveles cercanos a cero y, por ejemplo, para los bodegueros a cargo de los mismos ya no les es negocio tenerlos.
Además, estos teléfonos están sujetos a constantes vandalismos. Las tarifas se encuentran reguladas, por lo que no se trata de un problema de asequibilidad, sino de falta de demanda de servicio, porque el mismo ya quedó obsoleto.
―¿Cuántos teléfonos públicos hay exactamente en Perú?
―Poseemos, en la actualidad, unos 32.000 teléfonos públicos activos a nivel nacional. Sin embargo, los mantenemos por una obligación regulatoria, contraria a la tendencia internacional donde los países han habilitado su retiro, debido a su bajo uso.
El costo de mantenimiento de los teléfonos públicos es altísimo, además, al no haber mercado, es muy complejo contar con proveedores de dicho equipamiento a nivel internacional. Continuar con esta obligación no resulta socialmente eficiente, dado que esos recursos podrían enfocarse en ampliar la conectividad de Internet.
Actualmente, Telefónica tiene alrededor de 220 teléfonos públicos en áreas rurales que realizan un tráfico promedio diario mayor a un minuto y ninguno de ellos supera los 20 minutos.
Mientras el tráfico móvil del mercado al segundo trimestre del 2023 ascendió a más de 93.000 millones de minutos, el tráfico de teléfonos públicos que ha registrado Telefónica acumulado al mismo periodo apenas ascendió a 19 millones. Es decir, el tráfico móvil es casi 5.000 veces más el tráfico generado por los teléfonos públicos de la empresa.
Según la encuesta ERESTEL 2022, solo el 1,9% de las personas en el Perú hacen uso del teléfono público, porcentaje que se viene reduciendo periodo a periodo. Respecto a ello, el 90% de las personas indican que las principales razones para no usar el teléfono público son que no lo necesita o que cuentan con telefonía móvil.
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―¿Cuál es la región del Perú con más teléfonos públicos actualmente?
―Al segundo trimestre del 2023, el 56% de teléfonos públicos en servicio se encuentran en Lima y Callao, seguido por Arequipa y La Libertad, donde se encuentran el 6% y 5% de los teléfonos públicos, respectivamente
―¿Piensan desaparecer los teléfonos públicos a futuro?
―Telefónica actualmente mantiene el servicio de teléfonos públicos, debido a una obligación regulatoria, a pesar de que su prestación es inviable económicamente, sin embargo, consideramos que, acorde a la tendencia internacional, se debería habilitar su retiro, a fin de que los recursos asignados a este tipo de obligaciones sean enfocados en ampliar la conectividad de Internet.
Actualmente, Telefónica tiene concentrados sus esfuerzos en mejorar la conectividad en línea con las necesidades de sus clientes, a través de sus redes móviles y fijas, apostando, por ejemplo, por la masificación de la fibra óptica. Así como también apostando por la conectividad rural, a través de Internet para Todos, iniciativa que busca masificar el acceso a internet 4G en zonas rurales. Esperamos se reevalúe la obligación de mantener los teléfonos públicos que no generan mayores beneficios a la población.