
Hablar de sexualidad en los colegios se ha vuelto más complicado. No porque hayan desaparecido las preguntas de los adolescentes, sino porque los espacios para responderlas son cada vez más restringidos. INPPARES, institución que cumple 50 años de trabajo en salud sexual y reproductiva, advierte que este año ha hallado mayores dificultades para ingresar a instituciones educativas y abordar determinados contenidos.
El cambio se produce luego de que, en mayo, el Ministerio de Educación (Minedu) derogara los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) aprobados en 2021 y los reemplazara por los “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”.
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Para Ariana Albán, encargada del Centro Juvenil Futuro de INPPARES, el nuevo escenario no significa que la educación sexual haya desaparecido de los colegios, pero sí que algunas dimensiones clave han quedado relegadas, entre ellas género, diversidad, consentimiento, relaciones de poder y vínculos.
Las dudas de los estudiantes, sin embargo, no se ajustan a los límites de una norma. En los espacios de orientación aparecen preguntas sobre anticonceptivos, preservativos e infecciones de transmisión sexual, pero también situaciones que requieren hablar de violencia, consentimiento y relaciones desiguales.
“¿Por qué mi enamorado se molesta si no hago lo que quiere?”, cuenta Albán como ejemplo. Detrás de esa pregunta pueden aparecer más señales de alerta. Otras consultas están relacionadas con el miedo a revelar una orientación sexual, el contacto con desconocidos por internet, el pedido de fotografías íntimas o la presión que generan los estereotipos de belleza en redes sociales.
Por ello, la experta cuestiona que la educación sexual pueda reducirse a una lista de conceptos. El desafío, explica, es que los adolescentes puedan reconocer situaciones que viven cotidianamente y sepan identificar cuándo existe violencia, presión o vulneración de sus derechos.
La consecuencia de cerrar esos espacios es que las preguntas no desaparecen. Si los adolescentes no encuentran respuestas en un entorno educativo y seguro, advierte Albán, las buscarán en internet o entre sus pares, donde pueden encontrarse con información equivocada.
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Elga Ramos, de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, cree que retirar la ESI "deja un vacío". La experta explica que la ESI permite desarrollar herramientas para "prevenir violencia, reconocer relaciones desiguales, poner límites y buscar ayuda".
Ramos advierte que, si la información científica no está disponible, ese espacio puede ser ocupado por desinformación o pornografía.
"El Estado debe garantizar una educación sexual científica, laica, basada en derechos, con enfoque de género e intercultural", puntualizó. “Estamos ante un retroceso significativo pese a toda la evidencia mundial’’, finalizó.
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INPPARES ha tenido que modificar incluso la forma de presentar sus talleres. Albán explica que, ante las restricciones, algunas actividades son planteadas como “autocuidado”, “habilidades para la vida” o “proyecto de vida”, dentro de los cuales se aborda prevención de ITS, consentimiento, violencia y límites.
La adaptación metodológica forma parte del trabajo habitual con estudiantes de distintas edades, pero la especialista marca una diferencia: una cosa es adecuar el lenguaje y otra sentir que se debe esconder aquello que se quiere enseñar. “El cambiar de nombre no significa que cambien las necesidades de los y las adolescentes”, sostiene.
Desde INPPARES, la presidenta de su Junta Directiva, Estrelia Nizama, considera que el nuevo escenario representa un retroceso en la política de educación sexual. Su preocupación está especialmente puesta en quienes no cuentan con otras fuentes de información o servicios, pues la desigualdad de acceso puede dejar a adolescentes más expuestos a embarazos no planificados, ITS, violencia, abuso, explotación, discriminación y estigma.
Nizama cree que la discusión no debe limitarse a si se usa o no el término ESI, sino a qué información reciben los adolescentes y qué herramientas tienen para tomar decisiones: "Eso requiere voluntad política, articulación entre sociedad civil y Estado y contenidos adecuados a distintas edades y necesidades".
A 50 años de su fundación, INPPARES mantiene así una doble tarea: continuar entrando a los colegios en un contexto de mayores restricciones y, al mismo tiempo, responder a una demanda que sigue presente.
Entre 2023 y 2025, la institución alcanzó en promedio a cerca de 5.800 jóvenes por año y capacitó anualmente a unos 256 educadores para brindar educación sexual, además de formar a otros 130 para preparar nuevos educadores.
El problema, finalmente, no parece estar en que los adolescentes hayan dejado de preguntar. Las preguntas siguen llegando. Lo que está en disputa es dónde podrán encontrar respuestas, con qué información y con qué herramientas para enfrentar situaciones que ya forman parte de su vida cotidiana.
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