Fenómeno el Niño: 82% de hospitales en Perú paralizarían sus operaciones ante un desastre natural

El sistema de salud peruano enfrenta una paradoja: los establecimientos llamados a responder ante una emergencia también se encuentran expuestos a ella. De acuerdo con la Hoja de Ruta de Establecimientos de Salud Seguros ante Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud al 2030, el 82% de los hospitales e institutos evaluados a nivel nacional no se encuentra en condiciones óptimas de seguridad para afrontar un desastre.

El documento técnico, elaborado por el Minsa a partir de la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), clasifica a los establecimientos según su capacidad de continuar operando ante una emergencia. Solo el 18% se encuentra en la categoría A, que indica una mayor probabilidad de que el establecimiento siga funcionando. En cambio, el 82% está en las categorías B y C: requiere intervenciones para mejorar su seguridad, ya sea en el corto plazo o de manera urgente.

La diferencia no es menor. En una emergencia de gran magnitud, un hospital que pierde áreas críticas, servicios básicos o capacidad operativa puede dejar de atender precisamente cuando aumenta la demanda por heridos, pacientes evacuados y personas con enfermedades que necesitan tratamiento continuo.

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Una amenaza que no espera

El riesgo adquiere mayor dimensión frente al escenario de fenómenos naturales que enfrenta el país. El propio Minsa identifica entre las principales amenazas las inundaciones, huaicos y deslizamientos, lluvias intensas, sismos, tsunamis, actividad volcánica, incendios forestales y eventos asociados a bajas temperaturas. A ello se suma el incremento de la frecuencia e intensidad de algunos eventos meteorológicos extremos.

El problema no se limita a los hospitales evaluados. En el país existen 8.279 establecimientos del primer nivel de atención, equivalentes al 97,87% del total de establecimientos de salud. Estos centros constituyen la puerta de entrada al sistema y tienen especial importancia en las zonas rurales y periféricas, donde una emergencia puede dificultar todavía más el traslado de pacientes hacia hospitales de mayor complejidad.

Sin embargo, el propio documento reconoce que todavía es necesario desarrollar instrumentos que permitan evaluar de manera adecuada la seguridad de estos establecimientos y determinar qué intervenciones requieren para reducir su vulnerabilidad.

El Minsa también identifica una serie de obstáculos para avanzar en esta tarea: presupuesto limitado, alta rotación del personal capacitado, dificultades para acceder oportunamente a información, ejecución inadecuada de intervenciones y limitaciones para implementar medidas de reducción del riesgo. Es decir, no se trata únicamente de un problema de infraestructura, sino de la capacidad del Estado para anticiparse y mantener operativos sus servicios.

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"No estamos a tiempo de corregir"

Para el especialista en salud pública Omar Neyra, el escenario obliga a cambiar el enfoque. Considera que el país ya no tiene tiempo para solucionar todas las deficiencias estructurales antes de que ocurra una emergencia, pero sí puede adoptar medidas para reducir el impacto.

"No estamos a tiempo de corregir", sostiene. Por ello, plantea priorizar estrategias de contingencia que permitan mantener la atención aun cuando parte de la infraestructura sanitaria quede inutilizada. Entre sus propuestas están asegurar el abastecimiento de medicamentos, contar con sistemas logísticos ágiles, disponer de unidades sanitarias y hospitales móviles y establecer puntos centrales de atención para ciudades que puedan quedar colapsadas.

La planificación, explica, debe considerar también las zonas remotas, donde un desastre puede aislar a la población y hacer inviable el traslado inmediato hacia un hospital. La respuesta, por tanto, no puede depender exclusivamente de que los establecimientos existentes permanezcan intactos.

Neyra cuestiona que el Estado haya permitido que servicios esenciales alcancen este nivel de exposición. "No hemos sido capaces como Estado de que servicios tan básicos estén expuestos", señala. A su juicio, los establecimientos de salud deberían encontrarse entre los últimos servicios en colapsar durante una emergencia, debido a que su funcionamiento resulta indispensable para atender a la población afectada.

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Varias amenazas sobre el mismo sistema

El exministro de Salud Víctor Zamora advierte que el problema puede agravarse si diferentes amenazas sanitarias y naturales coinciden. El sistema tendría que responder al mismo tiempo a una emergencia por desastre, mantener los servicios hospitalarios y continuar con acciones de salud pública como vacunación, vigilancia epidemiológica y control de enfermedades.

Para Zamora, esta concurrencia puede llevar al límite una capacidad de respuesta que ya es precaria. En un escenario extremo, las autoridades tendrían que tomar decisiones difíciles sobre qué servicios priorizar y dónde concentrar los recursos.

La advertencia resulta especialmente relevante porque la preparación frente a un desastre no puede reducirse a tener hospitales disponibles. También implica garantizar agua, electricidad, medicamentos, personal, comunicaciones, transporte y mecanismos para trasladar pacientes cuando un establecimiento quede fuera de servicio.

El desafío es mayor en un país donde las emergencias pueden afectar simultáneamente a varias localidades y cortar las rutas de acceso. Un hospital preparado no es solo aquel que resiste físicamente un desastre, sino el que puede mantener sus servicios esenciales y recibir pacientes aun en medio de una situación de crisis.

La Hoja de Ruta del Minsa plantea precisamente la necesidad de incrementar la resiliencia y reducir la fragilidad y exposición de los establecimientos de salud hacia el 2030. Pero el escenario de riesgo exige medidas que no pueden esperar hasta ese horizonte.

El riesgo, entonces, no es solo que un desastre destruya infraestructura. Es que también encuentre un sistema de salud incapaz de reemplazarla a tiempo.