
A pocos días de un posible desalojo, la preocupación crece entre las 37 familias que habitan el asentamiento humano Sol de Villa, en Villa El Salvador. Para muchos de sus vecinos, la disputa judicial ya no gira únicamente en torno a un terreno, sino al riesgo de perder las viviendas que levantaron durante casi tres décadas y el patrimonio que construyeron con años de trabajo.
Según los dirigentes de la asociación, más de 150 personas viven actualmente en la zona, entre ellas adultos mayores, madres solteras y niños. Los vecinos aseguran que ocupan el predio desde diciembre de 1997, cuando —afirman— este se encontraba abandonado. Desde entonces, indican que levantaron sus viviendas, instalaron los servicios básicos y pagan tributos municipales.
'En estos momentos nuestra gran preocupación es que estamos a días del desalojo. Tenemos casas construidas, ya hubo una inversión. Somos contribuyentes con nuestro gobierno local, pagamos arbitrios e impuesto predial, tenemos luz, agua, desagüe e internet a nuestro nombre', manifestó Bruno Jurca Barros, delegado del asentamiento, en diálogo con La República.
El conflicto enfrenta a la asociación de vecinos con la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado El Progreso, que sostiene ser propietaria del terreno. De acuerdo con la defensa legal de los pobladores, el proceso por desalojo se inició en 2014 y, tras fallos favorables a la cooperativa, el caso se encuentra en una etapa que mantiene en alerta a las familias.
Cinthia Guillermo Mena, abogada de la asociación, explicó que recientemente fueron notificados de una nueva resolución judicial que, según su interpretación, contempla la demolición de las viviendas, aspecto que —asegura— no figuraba en resoluciones anteriores. Por ello, indicó que presentarán una apelación al considerar que durante el proceso se vulneró el derecho de defensa de los vecinos y que no todos fueron debidamente notificados.
La letrada también sostuvo que la asociación cuestiona diversos aspectos del trámite judicial y continuará utilizando los recursos legales disponibles para intentar evitar el desalojo.
Más allá del proceso legal, el temor es evidente entre quienes hicieron de Sol de Villa su hogar.
Marivel Rocío Ibarra Chung, una de las fundadoras de la asociación, afirma que llegó al lugar junto a su madre hace casi 29 años y asegura que no cuenta con otra alternativa de vivienda.
'En caso ocurra un desalojo voy a resistir hasta el último porque no tenemos a dónde ir a vivir. No tengo para alquilar una casa, soy operaria de limpieza y gano lo mínimo para vivir', expresó.
Una historia similar contó Blanca Bello, quien asegura haber llegado al terreno embarazada de su tercer hijo.
'Entré aquí el 4 de diciembre con un hijo en mi vientre; hoy mi hijo tiene 29 años. Era un lugar completamente desolado. Ahora ya soy abuela y sigo defendiendo mi hogar porque no usurpé el lugar de nadie', señaló.
Los representantes de la asociación sostienen que existen documentos, fotografías y resoluciones que, según su interpretación, respaldan la permanencia de las familias desde 1997. Asimismo, afirman que realizaron gestiones ante distintas entidades públicas y que, durante estos años, fueron reconocidos como ocupantes de la zona.
No obstante, la Cooperativa Mercado El Progreso obtuvo un título de propiedad sobre el terreno en 2009 y posteriormente inició el proceso judicial de desalojo contra la asociación, conflicto que continúa en curso en el Poder Judicial.
Por otra parte, los vecinos aseguran que el conflicto también ha frenado otros trámites relacionados con sus viviendas. De acuerdo con la abogada de la asociación, la Municipalidad de Villa El Salvador rechazó el visado de los planos que solicitaron los residentes, argumentando que dicho procedimiento no podrá realizarse hasta que se resuelva la controversia legal sobre el terreno.
La defensa de los pobladores sostiene que, pese a ello, los vecinos continúan pagando arbitrios e impuesto predial a la comuna. A su juicio, esta situación resulta contradictoria, pues mientras se les exige cumplir con esas obligaciones, no pueden avanzar con los trámites administrativos vinculados a sus predios debido al litigio que aún permanece en curso.
Hasta el cierre de este informe, la Municipalidad de Villa El Salvador no remitió su descargo respecto a estos cuestionamientos, pese a la solicitud de este medio.
Mientras esperan el desenlace del caso, las 37 familias aseguran vivir con incertidumbre. 'Desde que empezó este conflicto no estamos tranquilos, nos estamos enfermando', afirmó Bruno Jurca, quien insiste en que el principal temor de los vecinos es quedarse sin el lugar donde han vivido durante casi tres décadas.





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