
La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos anunció el inicio de una investigación preliminar contra el streamer Christopher Puente Viena, más conocido como ‘Cristorata’. La decisión se adoptó luego de que el joven emitiera comentarios despectivos contra votantes de las regiones del sur del país por votar a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP).
Previamente, el Ministerio de Cultura (Mincul) calificó dichas expresiones como “racistas” y señaló que iba a derivar el caso al Ministerio Público. El delito que se le imputa al influencer es discriminación en agravio de la población indígena que, según el Poder Judicial, podría ser sancionado hasta con tres años de pena privativa de la libertad o con servicio comunitario.
El fiscal encargado del caso dispuso que se practique una evaluación psicológica al investigado y que sea citado para brindar su declaración. Además, ordenó la visualización del video a través del cual habría cometido el delito y que se transcriba el contenido de la transmisión, así como otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.
De momento, Cristopher Puente no se ha vuelto a pronunciar sobre este caso, luego de pedir disculpas mediante sus redes sociales. “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en Stream. Estuvo mal y no tiene justificación (…) A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad. Voy a ser más cuidadoso con lo que digo para no repetir algo así”, afirmó.
Ciudadanos y dirigentes de las regiones del sur expresaron su condena por los comentarios del streamer. “No es posible que personas como estas puedan catalogar de esa manera a los pueblos que vienen luchando por justicia y mejoras sociales. Todos los pueblos merecemos respeto por nuestras decisiones políticas”, señaló el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Jhon Lapa, a La República.
En Puno, el jefe de la asociación civil Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, José Bayardo, afirmó que esta es una práctica reiterativa que se utiliza para descalificar una posición política ante la falta de argumentos; mientras que en Cusco, el abogado Dennis Llamoca presentó una denuncia ante la Fiscalía tras asegurar que el caso debe ser sancionado penalmente para evitar que vuelva a repetirse.
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