
Al menos 15 familias quedaron damnificadas luego del incendio registrado la tarde del 25 de diciembre en un edificio de cinco pisos. Varias de ellas han tenido que dormir en la calle, mientras otras han buscado refugio improvisado entre vecinos.
El fuego se inició en el primer nivel, donde operaban almacenes clandestinos de productos altamente inflamables. En los pisos superiores vivían inquilinos que aseguran haber firmado contratos de alquiler sin conocer que el inmueble era utilizado como depósito. Hasta ahora, no consiguen comunicarse con la propietaria del predio.
El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó a la zona y confirmó que el edificio estaba registrado únicamente como residencial y no contaba con ninguna licencia de funcionamiento para almacenamiento. Indicó que la construcción no tenía autorización municipal, no pagaba tributos y que, pese a ello, albergaba a más de 15 familias y operaba de forma ilegal como depósito.
De la Rosa señaló que esta problemática no es reciente y responde a años de informalidad en la zona vinculada al emporio comercial de Caquetá. Afirmó que el inmueble ha sido clausurado e inhabilitado de manera definitiva, aunque reconoció que pese a los operativos, muchos predios vuelven a operar de manera clandestina, lo que convierte este caso en un tema que también debe ser abordado a nivel fiscal.
La municipalidad confirmó la ilegalidad del inmueble y clausuró la construcción. Foto: Silvana Quiñonez / La República.
Mientras el alcalde dijo desconocer si existen otros depósitos clandestinos operando alrededor, los vecinos cuestionaron esa postura. Aseguran que no solo en esta cuadra, sino también en calles cercanas, funcionan más almacenes similares y que por las noches camiones y tráileres descargan mercadería sin control, lo que evidencia una actividad constante y riesgosa.
Tras las denuncias vecinales, la municipalidad clausuró al menos seis inmuebles cercanos al edificio siniestrado, los cuales también estarían operando como depósitos clandestinos.
Por otra parte, un representante legal de la dueña del edificio llegó al lugar, pero no dio respuestas claras sobre la legalidad de las actividades que se desarrollaban dentro ni sobre el paradero de la propietaria. Señaló únicamente que “todo está en investigación”, lo que incrementó la molestia y frustración de los afectados.
El fuego se inició en el primer piso, que funcionaba como almacén clandestino. Foto: composición LR
Los testimonios reflejan miedo e impotencia. Una de las inquilinas señaló que esta zona es una “bomba de tiempo”, pues no se trata de un caso aislado, sino de una cadena de inmuebles usados como depósitos de cueros, tecnopor y otros insumos altamente inflamables. “Si uno de estos almacenes revienta, perdemos toda la parte del Morro de Arica y Pizarro”, resaltó.
Otro afectado relató que perdió documentos, dinero y pertenencias y que nadie los alertó de manera oportuna del incendio; recién se dieron cuenta de la magnitud del riesgo cuando vieron vehículos policiales llegar. “Queremos saber qué podemos sacar de nuestra casa porque ahorita estamos prácticamente en cero, no tenemos nada”, anotó.
Hay familias que incluso no son de Lima y hoy permanecen en la calle, sin saber qué podrán recuperar ni cuándo podrán volver a tener un lugar seguro donde vivir. “Mi hija es inquilina en el cuarto piso, desde anoche estamos sin dormir en la calle. Ahora no tenemos nada, queremos que vean nuestra situación porque somos de Chiclayo", añadió otro arrendatario.
Los vecinos advierten que en toda la zona podrían existir hasta 50 depósitos clandestinos similares. Piden fiscalización real, sanciones firmes y operativos permanentes para evitar que otra tragedia como esta vuelva a poner en riesgo la vida de cientos de familias.
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