Transportistas víctimas de extorsión pagarían hasta 95% menos en deudas por infracciones, según la ATU

En respuesta a la creciente crisis que afronta el transporte público formal en Lima y Callao por el impacto de las extorsiones, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó este miércoles un paquete de beneficios económicos destinado a mitigar las cargas financieras que enfrentan los operadores formales del sistema de transporte terrestre.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 394-2025-ATU/PE, publicada en el diario oficial El Peruano, y contempla el Programa de Regularización de Sanciones (PRS). Este programa ofrece a los transportistas formales la posibilidad de reducir considerablemente sus deudas por infracciones administrativas relacionadas al transporte urbano, con descuentos de hasta el 95 %, además de la condonación total de costos y gastos administrativos asociados a los procedimientos de sanción.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio económico?

Según la norma, los interesados en acogerse al programa deberán reconocer voluntariamente su responsabilidad administrativa, lo que implica aceptar la infracción y desistir de recursos administrativos o judiciales en trámite. El PRS está dirigido a aquellos que tienen procedimientos sancionadores en curso, sanciones firmes o impugnadas, actas de fiscalización notificadas o que se encuentren en ejecución coactiva y tienen que pertenecer al rubro formal.

El plazo para acogerse al beneficio es de 30 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la resolución, y la vigencia del programa se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Un elemento clave es que, una vez regularizadas las sanciones, estas no serán consideradas para efectos de reincidencia ni para futuros procesos de ejecución coactiva.

La medida fue diseñada con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los transportistas formales y permitir que estos destinen sus recursos a mejorar el servicio de buses, incluyendo la adquisición de una nueva flota vehicular, en un contexto de altos costos y presión por parte de bandas criminales.

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Contexto de presión criminal al sector transporte

La decisión de la ATU ocurre en un escenario en el que diversas empresas del rubro han denunciado el incremento de extorsiones y violencia, que han generado protestas y medidas de presión en distintos momentos del año. Estos grupos han llegado a exigir pagos de cupos, lo que ha afectado la operatividad del transporte. En lo que va del año ya son más de 10 conductores asesinados, según el Ministerio Público.

Además, los pagos solicitados podrían alcanzar cifras millonarias al mes. La ATU enfatizó que este programa no es aplicable a operadores informales, es decir, aquellos que no cuentan con la debida habilitación para prestar servicios de transporte en todas sus modalidades.

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