
El Colegio de Odontólogos del Perú (COP) frustró un intento de hackeo a su sistema informático que habría buscado acceder a los datos personales de cientos de profesionales de la salud. La institución sospecha que detrás de este ataque estarían bandas dedicadas a la extorsión que, en los últimos años, han pasado de amenazar por teléfono a utilizar métodos digitales para ubicar a sus víctimas.
El gremio confirmó que, desde 2024, al menos 15 cirujanos dentistas han sido extorsionados en distintas regiones del país. Uno de ellos fue asesinado y otro continúa en estado crítico tras un ataque armado dentro de su consultorio. Ante el incremento de amenazas, varios profesionales han optado por cerrar sus clínicas, mudarse de región o incluso abandonar el país.
El decano del COP-Lima, José Ricardo Rojas Rueda, contó en entrevista con La República que los intentos de hackeo son constantes, pero hasta ahora sin éxito. “Cada cierto tiempo las bases de datos sufren ataques de hackers profesionales. Hemos sabido salvaguardar la información de todos los colegiados”, señaló.
El ataque fue bloqueado por el equipo técnico del colegio. Los delincuentes buscaban acceder a nombres, direcciones y teléfonos de los colegiados para luego extorsionarlos. Rojas explicó que los malhechores intentan vulnerar páginas de instituciones como ministerios, bancos y colegios profesionales para vender la información en redes clandestinas. “Los ciberdelincuentes todos los días trabajan en eso, en querer meterse a las páginas de todas las instituciones”, advirtió.
El COP alertó que las extorsiones contra odontólogos se han multiplicado en los últimos tres años y ya no se concentran solo en Lima. Las exigencias de pagos oscilan entre S/10.000 y S/50.000 mensuales a cambio de una supuesta “protección”. En varios casos, las modalidades se diversifican: las amenazas han escalado a ataques armados, como el ocurrido en Independencia, donde un sicario se hizo pasar por paciente y disparó dentro de su centro de trabajo. Además, envían mensajes con datos de las víctimas o dejan explosivos en sus consultorios.
Rojas señaló que algunos profesionales denuncian ante la Policía o su colegio, pero otros optan por pagar las extorsiones en silencio. “Hay un grupo de profesionales que acude al colegio en busca de asesoría, otro que denuncia directamente a la Policía, y también un grupo que no dice nada porque ya está pagando la extorsión. Recién se conoce el caso cuando el nivel de ferocidad de los criminales se eleva y comienzan a afectar su trabajo”, indicó.
El COP mantiene coordinación con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y otras unidades de la Policía Nacional. Los agentes recomendaron medidas básicas de autoprotección, como cambiar los números personales usados en publicidad, evitar publicar rutinas familiares y reforzar la seguridad de los consultorios con cámaras.
“Debemos tener prudencia con lo que publicamos y mantener cámaras en nuestros espacios de trabajo. Estas medidas pueden salvar vidas”, dijo Rojas. El gremio también ha implementado auditorías de seguridad digital, monitoreo de sistemas y capacitaciones en ciberseguridad para sus colegiados. Además, evalúa pedir apoyo técnico a instituciones especializadas en delitos informáticos.
El COP exigió al Estado fortalecer la lucha contra el crimen organizado que ahora alcanza al sector salud. “Esta es una labor fundamental del gobierno de turno, que debe tener políticas claras para reducir la criminalidad”, sostuvo Rojas. El decano pidió a los profesionales mantener la calma ante cualquier amenaza, denunciar los hechos y proteger su información digital y personal. “Lo primero es mantener la calma, denunciar y tomar precauciones con nuestras redes y teléfonos. No debemos exponernos”, recomendó.
Finalmente, el decano recordó que la criminalidad afecta a diversos sectores: “No solo los cirujanos dentistas están siendo atacados. En el país vemos casos diarios de choferes, comerciantes o empresarios que sufren extorsión o sicariato”. Mientras la investigación continúa, el gremio mantiene activa su alerta digital y llama a las autoridades a actuar con urgencia frente a una crisis de inseguridad que ya ha cobrado vidas y amenaza el ejercicio profesional en todo el país.
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