
Este 7 de noviembre, mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, el Gobierno actualizó las medidas del estado de emergencia anunciado el pasado 21 de octubre. Entre algunas de las modificaciones figura la incorporación de cadetes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en labores administrativas y de presencia disuasiva en Lima Metropolitana y el Callao. ¿Qué implica este cambio y qué tan eficiente puede ser para combatir la delincuencia?
De acuerdo a la norma publicada en el diario El Peruano, esta dispone que "cadetes del último año de las escuelas de Oficiales y los alumnos de último año de las Escuelas de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú apoyan en las labores administrativas y operativas de las Comisarías, siempre bajo la supervisión de sus superiores y otras que disponga el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)”, detalla la octava disposición complementaria.
Para Jose Manuel Saavedra, experto en comunicación política, gubernamental y presidente de Misión de Ciudades Seguras, uno de los principales problemas de esta medida propuesta por el Ejecutivo son las horas de estudio que podrían restarles a los estudiantes de las instituciones, pero no es el único.
“Ellos tienen que estar en las aulas para formarse. Si los vas a tener del lunes a domingo en el campo, van a retrasar sus estudios mientras dure el estado de emergencia”, advirtió. Y añadió: “Vas a tener gente desarmada en este contexto. Los estudiantes no pueden usar su arma fuera de la institución; la norma no lo permite. Solo la emplean en las prácticas de tiro, y muchos ni siquiera saben disparar.”
Una de las disposiciones también establece que las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas podrían realizar marchas de campaña e instrucción en las zonas determinadas por el CCO, presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú e integrado, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), entre otras autoridades. Las actividades descritas tendrían fines de entrenamiento, presencia disuasiva y apoyo a las acciones cívico-militares.
Sin embargo, el experto advierte que la misma no estaría directamente relacionada con la seguridad ciudadana, sino con el apoyo a la comunidad en general. Además, alertó sobre la importancia del proceso de selección que se aplicará para elegir a los alumnos que estarán en las calles y comisarías de Lima y Callao. Así como qué tan capacitados estarán los estudiantes para atender denuncias ciudadanas y qué se hará con el personal policial dedicado a las labores de atención primaria.
“Eso quiere decir que quienes actualmente realizan labores administrativas pasarían al campo, a patrullar las calles. Ahora, ¿qué tan preparados o entrenados están aquellos que han estado sentados ocho horas diarias para salir a hacer un trabajo de ese tipo?", enfatizó para La República.
Este medio se comunicó con representantes del Ministerio del Interior para conocer cuáles serían los criterios de selección para elegir a aquellos que realizan las labores mencionadas en el decreto. Hasta el cierre de esa edición, no obtuvimos respuesta.
Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), desde que José Jerí asumió la presidencia, 129 personas han sido asesinadas durante su gestión. De acuerdo con cifras que dio a conocer el analista de datos Juan Carbajal, las provincias de Lima y Huara son las que registran la mayor cantidad de estos casos, en su mayoría causados por proyectil de arma de fuego (PAF), que representa entre el 80% y el 90% de las muertes violentas.
En ese sentido, con el fin de combatir dicha problemática, el estado ha buscado ejecutar medidas contra la delincuencia; sin embargo, para Saavedra, estas solo buscarían ser medidas de estrategia comunicacional. "Esto sirve para el impacto, para el psicosocial, pero no para el problema de fondo que estamos enfrentando", acota.
Por su parte, para un oficial de las Fuerzas Armadas, quien solicitó mantener su identidad en reserva, muchos de los casos de sicariato y extorsión no estarían relacionados con el ciudadano de a pie, sino con organizaciones criminales o bandas articuladas. Por lo que, pese a estar de acuerdo con los estados de emergencia, sugiere que estos estén acompañados de medidas de inteligencia.
"La gente piensa que capturar a una banda es fácil. Se necesita reunir la información suficiente para desarticularla. Para mí deberían ponerle más atención y más presupuesto a lo que es la inteligencia", expresa.
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