Municipalidad de Piura contrató a personal sin el perfil requerido, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República develó una presunta contratación irregular en la Municipalidad Provincial de Piura, causando un perjuicio por 18 mil soles a la provincia. Al respecto, el alcalde de la comuna aseguró que tomarán las acciones administrativas correspondientes contra los funcionarios implicados, quienes "seguramente han sido presionados".

De acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 037-2025-2-0454-AOP, la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) habría cursado una orden de servicio en favor del abogado J.B.A.R., quien, según detallan, no cumpliría con los requisitos ni el perfil solicitado. Esta persona debió ejercer funciones propias de la oficina de Comunicación, pese a que su profesión es ajena a ello.

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Sobre esto, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orúe, manifestó que existen "personas que no ejercen el periodismo, pero que, muchas veces, se convierten en extorsionadores de funcionarios, quienes para evitar este tipo de críticas terminan cediendo a la presión".

Colegio de Periodistas se pronuncia

En este contexto, el Colegio de Periodistas de Piura emitió un comunicado en el que rechaza y expresa su preocupación ante la creciente tendencia de contrataciones de personal en instituciones públicas, pese a que carecen de las habilidades que exige la disciplina.

El burgomaestre respaldó el pronunciamiento del colegio. Tras ello, indicó que, al concluir la contratación con el abogado, él habría desatado una serie de críticas e insultos contra su gestión a través de las redes sociales. "La población se ha dado cuenta que, una vez terminada la relación, se ha convertido en una extorsión mediática", enfatizó.

Asimismo, Madrid Orúe afirmó que formalizarán una denuncia; no obstante, primero emitirán el informe al área correspondiente para que se presenten los descargos y, de no ser debidamente sustentado, se tomarán las acciones administrativas correspondientes.

¿Qué advirtió la Contraloría?

A lo largo del documento, la Contraloría advierte que, en 2024, J.B.A.R. recibió pagos ascendentes a S/18,000 por los servicios de "difusión ambiental tipo A" en campañas de sensibilización y "cobertura y producción de material de difusión sobre recolección de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes". Estos trabajos debió ejecutarlos de marzo hasta mayo y de agosto hasta octubre.

Sin embargo, según la investigación ejecutada por el órgano de control, el proveedor no habría acreditado experiencia en periodismo, tal como se detallaba en los términos de referencia. Asimismo, al término del plazo, no habría sustentado adecuadamente el cumplimiento de sus servicios. Pese a ello, sí percibió el pago.