
En la sede de ‘Aldem’ en el Callao se encuentra uno de los principales centros de distribución del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Senares), específicamente la sede en la que se almacenan vacunas esenciales para el sistema de inmunización nacional. Durante casi una década, las vacunas imprescindibles para proteger a niños y adultos mayores han sido resguardadas en estas cámaras en el distrito chalaco. Sin embargo, hoy la situación es incierta.
La delicada cadena de frío se ha visto afectada por problemas contractuales, ya que el contrato de alquiler vence el 23 de agosto y 'Aldem' ha anunciado que no permitirá la entrada del personal de Senares ni del MINSA (Ministerio de Salud) después de esa fecha. Esto representa un grave riesgo para la custodia y distribución de millones de dosis vitales para la salud pública.
La disputa contractual entre ‘Aldem’ y el Estado se ha agravado tras las declaraciones de Bruno Montoya, administrador de la empresa 'Aldem': “Simplemente, nosotros no vamos a abrir las puertas para que entre el personal de Senares ni el MINSA”, mencionó. Asimismo, Montoya añade que “no nos pueden obligar a extender un contrato de manera indefinida y cuando ellos quieran”, y enfatiza que ‘Aldem’ no se responsabiliza por posibles pérdidas en las vacunas, recordando que ellos también deben cuidar su salud y recursos. Para Montoya, “a partir del 23 de agosto, Senares y el Ministerio de Salud son inquilinos precarios”. Esta postura marca un antes y un después en la custodia de miles de vacunas almacenadas en el Callao.
Frente a estas declaraciones, el director general de Senares, Juan Carlos Castillo, respondió que si deseaban la devolución del inmueble, "simplemente no renovarían el contrato", pero afirmó con firmeza que “no ha existido eso” de la intención de ‘Aldem’ de no continuar. Castillo calificó la actitud de Montoya como un intento por “generar zozobra” y negó categóricamente la existencia de vacunas vencidas en el almacén de la empresa privada. “En el Callao no tenemos ninguna vacuna vencida”, aseguró. Según Castillo, todas las vacunas que llegan a vencer pasan por un proceso formal de baja y son derivadas a Lurín. Sin embargo, ante las evidencias que muestran registros con lotes vencidos y próximos a vencer, reconoció que sería necesario verificar esa información, pues la disputa entre ‘Aldem’ y el Estado peruano, representado por Senares, ha generado una situación crítica en la que miles de vacunas permanecen almacenadas sin ser distribuidas, en medio de un contexto epidemiológico preocupante.
Mientras las infecciones respiratorias agudas aumentan entre un 20 y un 25% en menores de edad, y las muertes por enfermedades prevenibles como la neumonía y la tos ferina incrementan, el acceso a vacunas se ve obstaculizado. ‘Aldem’ denuncia que no se ha cumplido con los plazos para el traslado de las vacunas a un nuevo centro logístico en Punta Hermosa, operado por la empresa ‘Hanay SRL’, la cual fue contratada por más de 24 millones de soles para reemplazar la capacidad de almacenamiento de ‘Aldem’. Sin embargo, Hanay aún no ha puesto en operación las instalaciones, lo que ha generado la necesidad de extender el contrato debido a que ya no quiere seguir almacenando las vacunas sin recibir una compensación justa.
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Por otro lado, surge una grave denuncia sobre la existencia de vacunas vencidas dentro del almacén de la empresa. Mientras la dirección de Senares negó inicialmente la presencia de dosis caducadas, documentos internos y registros presentados por ‘Aldem’ muestran que hay lotes vencidos desde 2022, 2023, e incluso vacunas próximas a caducar en 2025. Entre estos lotes se encuentran vacunas contra enfermedades como la influenza, hepatitis B, polio, rabia humana y tuberculosis, así como medicamentos críticos como la anfotericina B, usada para tratar infecciones pulmonares en adultos mayores. Esta situación preocupa a expertos en salud pública, pues implica un riesgo doble: la pérdida de recursos económicos y la desprotección de miles de personas vulnerables.
El contrato inicial firmado en abril entre Senares y ‘Hanay SRL’ establecía un plazo de 90 días para que la empresa entregara el nuevo almacén operativo en Punta Hermosa, lo cual no se cumplió. Posteriormente, se firmó una adenda para ampliar el plazo debido a observaciones técnicas no contempladas inicialmente, como la necesidad de implementar zonas de frío en precámaras para despacho, acondicionamiento de túneles y rampas hidráulicas. Mientras tanto, Aldem reclama la compensación económica por el almacenamiento prolongado, denunciando pérdidas millonarias por un contrato que perdió en abril y la falta de pagos por la extensión del servicio.

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