Ferrovías Central Andina pide subsidio para operar el tren Lima–Chosica con solo una parte de los trenes donados

La empresa Ferrovías Central Andina S.A., actual concesionaria del Ferrocarril del Centro, ha presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) su proyecto de adenda número 10 de su contrato de concesión, para implementar el Tren Lima - Chosica. Esta propuesta ha generado un debate, no solo por el uso parcial de los trenes donados, sino también por el pedido de subsidio estatal para garantizar los ingresos de la empresa.

Ferrovías ha solicitado que el Estado garantice un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG); es decir, una especie de subsidio público. Esto significa que, si la recaudación por boletos no cubre los ingresos proyectados por la empresa, será el propio MTC el que se haga cargo de la diferencia con recursos del Estado.

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Según la propuesta, el pasaje costará 3 soles por usuario, incluido el IGV. “Si esa tarifa no permite alcanzar los ingresos mínimos comprometidos, será el Estado quien complete el monto restante”, explicó el especialista Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

No es todo, la adenda también propone una nueva prórroga de cinco años en su contrato de concesión, que originalmente fue firmado en 1999 por 30 años. Este ya fue ampliado en dos ocasiones y actualmente vence en 2039.

Si se aprueba la adenda, la concesión se extendería hasta 2044. Para especialistas como Quispe, este tipo de prórrogas evita que se abra el proceso a la competencia y limita la posibilidad de recibir mejores propuestas para el país. “Se tiene que beneficiar al público y no solo a la empresa”, advirtió.

Según la propuesta de Ferrovías, la inversión total ascendería a 25.6 millones de dólares, sin incluir impuestos, lo que equivale alrededor de 30.3 millones con IGV.

¿Cómo se distribuirá la inversión?

El presupuesto, por ejemplo, se destinaría a la construcción de paraderos a lo largo de la ruta, uno de los rubros más costosos, con un estimado de US$ 6,228,920.97 más IGV.

También se incluye el acondicionamiento de un terminal ferroviario ya existente para alojar los trenes, con un costo de US$ 6,971,508.94 más IGV, pero no se contempla la construcción de una segunda vía férrea.

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Además, la propuesta plantea la construcción de desvíos en las estaciones de Monserrate y San Bartolomé (US$ 1,545,946.35 más IGV), un pequeño taller de mantenimiento en Monserrate (US$ 500,245.63 más IGV) y un sistema automatizado para el cobro de pasajes (US$ 400,596 más IGV).

Lo que más llama la atención es que US$ 10 millones del total, casi un tercio del presupuesto, se utilizarían únicamente para elaborar expedientes técnicos para una segunda etapa del servicio, que ni siquiera tiene fecha definida ni aprobación asegurada.

Uso parcial de trenes donados

Otro aspecto cuestionado es el uso parcial del material ferroviario donado por Estados Unidos. Aunque el país obsequió 19 locomotoras y 93 vagones, Ferrovías solo propone usar 7 locomotoras y 29 vagones, es decir, apenas una tercera parte del total. Hasta ahora no se ha explicado qué pasará con el resto de los equipos.

"Se tiene que beneficiar al público y no a la empresa"

Luis Quispe, experto en transporte, señaló que la empresa Ferrovías Central Andina es la principal interesada en impulsar la adenda porque busca obtener mayores ganancias. Sin embargo, advirtió que esta no es la forma adecuada, ya que el proyecto tal como está planteado solo beneficia a la empresa privada.

Explicó que la única manera en que el Estado puede mantener cierto control sobre este tipo de servicios, y garantizar que realmente sean beneficiosos para la ciudad, es a través de un modelo de asociación público-privada.

“Yo creo que debería conformarse una comisión integrada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y otros entes involucrados, para que esta inversión de alrededor de 30 millones se canalice mediante una asociación público-privada. El Estado debe tener la mayoría de acciones y luego convocar a una licitación para que la operación esté a cargo de un privado”, propuso.

Asimismo, Quispe consideró fundamental que se construya una segunda línea férrea, algo que implicaría una inversión considerable y tomaría tiempo, pero que resulta indispensable para brindar un servicio de calidad.

“El problema es que han aprovechado la coyuntura del regalo del tren para hacer un gran negocio con el Estado”, criticó.

Finalmente, cuestionó la ampliación de la concesión por diez años más, cuando, en su opinión, lo correcto hubiera sido dejar que el contrato expire y lanzar una nueva propuesta más moderna.

“Pensando en la ciudad, no debieron renovar esa concesión. Estaba por terminar, y se pudo implementar allí un servicio ferroviario completo, con trenes modernos y con las dos líneas desde el inicio. Así no estaríamos en este conflicto”.