
Eva Dalila López Miranda, quien dirige la universidad, firmó la Resolución Directoral n.º 056-2021, que le confiere el grado de bachiller, junto a otros docentes, incluyendo a su esposo. A pesar de que la resolución tiene respaldo legal, la situación plantea interrogantes sobre un posible conflicto de interés, dado que la directora se beneficia directamente de una decisión que ella misma autorizó.
La controversia se intensifica al considerar que su nombramiento como Directora General fue aprobado mediante una resolución que ella misma firmó, lo que plantea la pregunta: ¿es posible ser juez y parte al mismo tiempo? Este dilema ético llevó a la comunidad académica a exigir mayor transparencia en la gestión de la UNABAP.
Resolución Directoral que confiere grado de bachiller a estudiantes de la UNABAP. Foto: Resolución Directoral N.° 056-2021-ENSABAP
La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, conocida anteriormente como ENSABAP, enfrentó problemas históricos en el reconocimiento de sus títulos. Durante años, la institución otorgó el título de “Artista Profesional a nombre de la Nación”, el cual no contaba con equivalencia universitaria. Esto dejó a muchos egresados sin la posibilidad de acceder a estudios de posgrado o ciertos puestos docentes.
En 2008, la Ley n.º 29292 reconoció que estos títulos debían ser considerados equivalentes a los universitarios, pero la ENSABAP no aplicó correctamente esta normativa, dejando a cientos de egresados en un limbo académico. La situación se complicó aún más cuando, en 2020, un grupo de 18 egresados logró una sentencia judicial que les otorgó el grado de bachiller por regularización, beneficiando a López Miranda y a su esposo, entre otros docentes.
A pesar de la sentencia favorable, más de 500 egresados entre 1960 y 2010 aún no reciben el mismo trato y continúan sin acceso al grado de bachiller. Esta falta de equidad generó desconfianza hacia las autoridades de la UNABAP, quienes son percibidas como poco comprometidas con la comunidad académica.
Los egresados solicitaron mayor transparencia institucional, exigiendo la publicación de información clara sobre el proceso de regularización de grados académicos. Además, propusieron la realización de auditorías externas para investigar posibles favoritismos o conflictos de interés en el otorgamiento de los grados. La comunidad académica también instó a que se permita a los egresados no beneficiados presentar acciones legales o quejas ante la SUNEDU para exigir el reconocimiento de sus derechos.
La situación actual llevó a los exalumnos a organizarse y participar activamente en la exigencia de una gestión ética, justa y transparente en la UNABAP. La falta de respuesta de la directora López Miranda ante las solicitudes de aclaración intensificó la preocupación entre los egresados, quienes buscan que se respeten sus derechos y se garantice un trato equitativo para todos.
La comunidad académica espera que las autoridades de la UNABAP tomen medidas concretas para abordar estas inquietudes y restaurar la confianza en la institución. La transparencia y la equidad son fundamentales para asegurar que todos los egresados tengan las mismas oportunidades y que la gestión de la universidad se realice de manera ética y responsable.

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