
Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz (La Libertad), la indignación se ha transformado en acción. Diversos gremios sociales y económicos han anunciado su participación en un paro nacional programado para el miércoles 14 de mayo, con el objetivo de exigir al Estado peruano mayor seguridad, justicia para las víctimas y el cese de la violencia criminal que afecta a todo el país.
La convocatoria fue respaldada por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, así como por representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra, quienes denuncian el abandono estatal frente al incremento de la delincuencia y las extorsiones. El pronunciamiento fue formalizado a través de un documento firmado por varias asociaciones que se sumarán a la medida de protesta.
Uno de los principales impulsores de la movilización es el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, que cuestionó duramente la falta de acciones del Gobierno frente al avance del crimen organizado. Aunque aún no todos los gremios del sector han confirmado su participación, una reunión clave se realizará el lunes 12 de mayo para definir la adhesión total al paro nacional. Esto según uno de los representantes a medios locales.
Además, el Comité de Lucha de Empresarios de Gamarra también ha confirmado su participación. Denuncian que los extorsionadores han tomado control de grandes sectores comerciales, cobrando cupos y sembrando el miedo entre trabajadores y pequeños emprendedores. Sin embargo, el gremio de Mesa Redonda no ha confirmado su participación.
El Movimiento de Ciudadanos por la Vida, junto con la Confederación de Mototaxistas del Perú, también se sumaron al llamado. Exigen que el Gobierno y el Congreso actúen de inmediato frente a lo que consideran una situación de emergencia nacional.
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El detonante de esta movilización ha sido la masacre ocurrida en la mina de Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. Aunque se presume la participación de bandas criminales vinculadas al control ilegal del territorio, el Estado no ha brindado respuestas claras ni acciones concretas.
Los gremios coinciden en que el silencio y la pasividad de las autoridades son señales alarmantes de un Estado que no protege a sus ciudadanos, y advierten que, si no hay respuestas firmes, podrían convocarse más protestas en todo el país.
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