Pataz, 10 veces en estado de emergencia, pero la criminalidad persiste

Pataz, considerado el pueblo más rico del Perú, es uno de los trece distritos de la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad, que enfrenta hoy una de sus crisis de seguridad más graves. Solo en una de sus minas -Poderosa- se han registrado 39 asesinatos y la voladura de 17 torres de alta tensión.

Sin embargo, para los pobladores y autoridades locales existiría un incremento sin precedentes de homicidios, secuestros y atentados vinculados a grupos de delincuencia organizada.

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 En este contexto, el Gobierno ha optado por la retórica fácil y demagógica: la solución, es la intervención de tropas militares y policiales para enfrentar esta ‘guerra’ contra los grupos criminales. La historia ha demostrado que esta estrategia es un error, afirma el exministro del Interior, Rubén Vargas. Veamos.

El 7 de marzo pasado se publicó el Decreto Supremo Nº 030-2025-PCM, el cual prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, por 60 días, a partir del 10 de marzo.

Esta medida no ha dado resultados desde que fue declarado en febrero del 2024 bajo el Decreto Supremo N° 018-2024-PCM por un término de 60 días a partir del 13 de febrero.

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A partir de entonces fue prorrogado por los DS N° 041-2024-PCM, N° 058-2024-PCM, Nº 069-2024-PCM, N° 086-2024-PCM, N° 091-2024-PCM, N° 108-2024-PCM, Nº 122-2024-PCM, Nº 138-2024-PCM, Nº 004-2025-PCM y ahora el Nº 030-2025-PCM. Es decir, un total de 10 prórrogas.

El gobierno justificó este régimen de excepción ante los crecientes casos de minería ilegal y crimen organizado en la zona, así como otros delitos conexos.

Otros expertos en seguridad, como el exdirector PNP Eduardo Pérez Rocha, sin embargo, consideran que los esfuerzos estatales no han dado los resultados esperados.

En esta zona, dentro de un socavón en Las Tolvas, se halló una fosa con restos de 12 cuerpos. Esta fosa se encontraba a 2 kilómetros de profundidad en la bocamina 2410, dentro del predio de la Compañía Minera Poderosa. 

El 11 de julio del año pasado, mineros ilegales ingresaron al predio de la minera Poderosa con armas de fuego, dejaron heridos a 3 trabajadores de seguridad.

Lamentablemente, el estado de emergencia resulta ineficaz para debilitar la minería ilegal y el crimen organizado. La violencia sigue en auge y las víctimas fatales son una consecuencia de ello. Se debe replantear las estrategias para mitigar los daños y combatir esta economía ilegal.

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Para el periodista e investigador de La Libertad, Yuri Castro, es inmenso el desconocimiento de las autoridades sobre la guerra por el oro que se vive en Pataz.

Considera que “la lucha por el preciado mineral se registra en el subsuelo, donde las organizaciones criminales, como topos, mantienen el poderío de socavones; pero también afuera, donde el dinero de esta ilícita actividad, obtenido a base de sangre y plomo, es lavado en diferentes negocios e incluso sacado al extranjero, donde radican sus principales cabecillas para darse una vida de lujos”.

Castro sostiene que “se necesita agentes especializados que ingresen de verdad y con contundencia a estos oscuros y terroríficos orificios, donde incluso las bandas se han atrincherado con cargas de dinamita y minas personales para evitar la aproximación de cualquier enemigo. Para realizar esa labor, peligrosa, por cierto, se necesita dotar a estos agentes de equipos y logística necesaria”.

Y agrega que para la lucha externa urge una Policía especializada en lavado de activos y fiscales expertos en la misma materia. A eso, hay que añadirle un riguroso control en las carreteras hacia la sierra de La Libertad donde corre dinero para la circulación de camiones cargados de dinamita y mineral.

“Cortar esos circuitos y tentáculos del crimen organizado es la única salida para escapar de este infierno, caso contrario esto empeorará y un estado de sitio no sería más que un estado de emergencia "repotenciado", pero solo de nombre”, advierte. Finalmente, dice, se necesita un ataque serio al mercado de armas que existe en Trujillo y a nivel nacional. “No puede ser que cualquier persona, incluso con antecedentes policiales y judiciales, acceda a fusiles AR15 (armas usadas en matanzas en Estados Unidos) como si se trataran de simples juguetes”, subraya Yuri Castro.