ONU pide al Perú no aprobar proyecto de ley para condenar a menores como adultos

El Comité de los Derechos Humanos del Niño, que es un órgano de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó al Estado peruano que se abstenga de reducir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes involucrados en delitos graves. De esta manera, mostró firmemente su oposición a que los menores de 16 y 17 años sean condenados como adultos, para encerrarlos en las cárceles, tal como lo plantean diversos congresistas e, incluso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

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Esta es una de las principales observaciones que emitió el referido comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño que fue suscrita por el Perú en 1990. “Se reafirma la necesidad de buscar medidas alternativas no judiciales y evitar las penas privativas de libertad, dejándolas como último recurso. Asimismo, se insta a fortalecer y asignar presupuesto al Sistema de Justicia Juvenil, incluyendo la implementación de tribunales especializados”, recomendó.

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Esta mañana, desde la sede del Colegio de Abogados de Lima, el vicepresidente del Comité por los Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, explicó que no existe evidencia que indique que la baja de edad de la responsabilidad penal sea una solución a los problemas de criminalidad.

“Todo lo contrario, la evidencia demuestra que cuando los países redujeron la edad no les fue bien. El espiral de violencia recrudeció, las cárceles operaron como escuelas de reproducción del crimen, perfeccionando a los adolescentes. Por eso, las respuestas deben ser otras”, manifestó.

Pedernera afirmó que los avances de la justicia penal juvenil recomiendan que las sanciones no privativas de la libertad y el trabajo para la recuperación del daño son mucho más eficaces y reducen la violencia.

“Debemos ver que los menores que son reclutados por las organizaciones criminales nunca han tenido oportunidades en su vida y preguntarnos qué va a pasar con ellos al salir de prisión. Es un tema complejo y no se ve el componente educativo”, señaló.

Critica a ministro del Interior

En otro momento, cuestionó al ministro Juan José Santiváñez, quien, hace unas semanas, pidió a los congresistas revisar las normas para que los menores de 16 y 17 años sean sujetos de derecho penal contra delitos de extorsión, ya que “no se puede negar que tienen capacidad de discernimiento y, hoy por hoy, se están involucrando con organizaciones criminales”.

“Debemos hacer un llamado a la responsabilidad a las autoridades para hablar con evidencias. El costo-beneficio de condenar a un menor sale 2.000 dólares, en un promedio mundial, y la posibilidad de reincidencia sube al 70%, pero si se opta por la desjudicialización y la reparación del daño, todo eso cuesta 500 dólares y la reincidencia es del 20%”, explicó Pedernera.

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En la actualidad, este es un tema que viene generando debate en el Perú. En noviembre del 2024, el Congreso aprobó en segunda votación un dictamen recaído en cuatro proyectos de ley que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los menores de 16 y 17 años como imputables por delitos graves. Sus impulsores son los parlamentarios Alejandro Muñante, José Luna, Roberto Chiabra y Juan Burgos.

Muñante ha respondido que en el Perú cuando un menor de 16 o 17 años comete delitos de sicariato, extorsión y homicidio calificado es simplemente sancionado como un infractor de la ley penal. “Es decir se le da el mismo tratamiento de un niño y eso conlleva a que sean internados en centros juveniles, como ‘Maranguita’, donde permanecen hasta cumplir los 5 o 6 años, pero no va a un penal al cumplir los 18 años”.

Más posiciones en contra

La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en contra de la propuesta que aún no es enviada al Ejecutivo para su promulgación. Así, señaló que sus promotores carecen de fundamentos sólidos. “La posición de la Defensoría es contraria. Nosotros no estamos de acuerdo con esta modificación. Primero tenemos que respetar los convenios internacionales, el derecho convencional nos impide hacer eso”, dijo el adjunto defensorial, Raúl Miranda.

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, aclaró que los adolescentes infractores no son inocentes ni absueltos, sino que son sujetos a un sistema penal juvenil especializado, en el que las medidas socioeducativas de internamiento van, en el caso de sicariato, de terrorismo, de violación sexual, de 8 a 10 años.

“Se tiene que ver el problema detrás del problema para recuperar a ese adolescente. Por eso es que el enfoque interseccional es muy importante: el enfoque de género, el enfoque racial, el enfoque intercultural, entre otros. Espero que el ministro del Interior nos pueda aclarar para desterrar la idea de que la inseguridad ciudadana es a causa de adolescentes", aseveró en una reciente mesa técnica del Congreso, donde sostuvo un intenso debate con Juan José Santiváñez.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también mostró su oposición a la propuesta, ya que “solo generará una falsa y fugaz sensación de seguridad a costa de negarles a chicos y chicas la oportunidad de reinserción social”.