Centro poblado de Ayacucho da ultimátum a extranjeros

En coordinación con su frente de defensa y una asociación local, la municipalidad del centro poblado Relave, en la provincia ayacuchana de Parinacochas, decidió otorgar un plazo de 24 horas a los extranjeros para que abandonen voluntariamente su jurisdicción. Esta polémica medida fue adoptada debido a los constantes casos de extorsiones y robos que vienen sufriendo sus habitantes.

Asimismo, acordaron que dentro de este plazo se deben cerrar los bares y prostíbulos del campamento minero de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcarcel, ubicado en la provincia arequipeña de Camaná. Así lo determinó la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha-Urasqui.

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Pero no es todo, ya que también establecieron una estricta sanción para los ciudadanos que contraten o alquilen una habitación a los extranjeros, y se les impondrá una multa de 3.000 soles si faltan a esta disposición. “La población de Relave acuerda no dar trabajo a extranjeros. Si en caso de que dieran trabajo a extranjeros, serán sancionados bajo acuerdo del libro de actas de la población”, se especificó.

Por culpa del Gobierno

Ante esta situación, Ruth Elizabeth Huarancca Lindo, especialista en incidencia política del Servicio Jesuita a Migrantes Perú, señaló que, de los casi 1,5 millones de venezolanos que viven en Perú, solo el 0,15% ha sido denunciado por delitos, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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Asimismo, indicó que esta respuesta de la población se debe a la falta de medidas efectivas contra la criminalidad por parte del Gobierno y la Policía. “Hacemos un llamado a las autoridades para que desarrollen estrategias y medidas efectivas que eviten esta generalización, la cual no solo afecta a una comunidad, sino también a las familias”, manifestó.

A nivel normativo, la especialista explicó que las normas que se contravendrían en este caso son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Argumentó que estos instrumentos protegen derechos básicos, como al trabajo (artículo 23 de la Declaración Universal), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a la protección contra la discriminación (artículo 1 de la Convención).

“Es fundamental buscar el diálogo. Contamos con un manejo especializado en estos temas y podemos ofrecer al Gobierno nuestro conocimiento”, señaló preocupada.

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