El Gobierno de la República declaró en estado de emergencia a La Victoria y 6 distritos del Callao debido al incremento de actos delictivos, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. La medida rige por 60 días calendario.
"Son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación", se lee en el decreto supremo.
Ante dicha medida, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relacionados a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Asimismo, en el decreto se precisa que la Policía Nacional del Perú en apoyo con las Fuerzas Armadas se encargan de mantener y restablecer el orden interno.
"La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1186, decreto que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP; el Decreto Legislativo N°1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas", se detalla en el documento.
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Los distritos que han sido declarados en estado de emergencia son los siguientes:
El estado de emergencia en La Victoria y varios distritos del Callao fue declarado por "la perturbación al orden interno por el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de la comisión de delitos de homicidio, robo, hurto, extorsión, entre otros". Al término de dicha medida, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior, un informe sobre las acciones que se llevaron a cabo durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
El decreto supremo que oficializa el estado de emergencia fue firmado por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.