Miles de comerciantes de Mesa Redonda y docentes del Sutep se sumaron ayer a las protestas en contra del Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte por una serie de leyes que los perjudican. De esta manera, el descontento social dio inicio a una nueva ola de manifestaciones, ya que gremios de transportistas y de construcción civil han anunciado nuevas paralizaciones debido a la imparable ola delincuencial en el país.
Tras cerrar el tránsito de la av. Abancay, los empresarios de Mesa Redonda mostraron su rechazo a la Ley n° 31980, que restringe su comercio a solo cuatro rubros (artesanía, alimentos, librerías y hoteles), tanto en esa zona como en el Mercado Central y el Triángulo de Grau.
Por ese motivo, con pancartas y megáfonos, exigieron la modificación del plan maestro de la norma que entrará en vigencia el 17 de enero del 2025.
Comerciantes de Mesa Redonda exigen al Gobierno que deroguen la ley 31980. Foto: Marco Cotrina/LR
Américo Quispe, presidente del conglomerado Mesa Redonda, indicó a La República que los rubros que quedarían sin licencia serían juguetes, electrodomésticos y ferretería, lo que afectaría el empleo de casi 18.000 comerciantes. “Por eso marchamos. El Congreso desconoce la verdadera necesidad de la población. El alcalde Rafael López Aliaga, debido a su incapacidad para poner orden en esta zona, presentó este proyecto. No nos vamos a dejar”, señaló.
Ante ello, Prolima, que elaboró la ley con el argumento de salvaguardar el patrimonio cultural de Lima, negó que la norma promueva o genere un cambio en los giros comerciales aprobados desde el 2019 bajo la Ordenanza n° 2195.
“La emisión de licencias de funcionamiento continúa con normalidad para rubros, como venta de ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y más”, dijo el vocero de Prolima, Juan Pablo Zavala.
Pese a ello, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que presentará un proyecto de ley para corregir esta situación. En tanto, Quispe advirtió que, de no encontrar una solución, realizarán un nuevo paro.
La ley 31980 afectaría a casi 18.000 comerciantes. Foto: Marco Cotrina/LR
Los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) comenzaron ayer a acatar una huelga indefinida en cuatro regiones: Arequipa, Tumbes, Ica y Loreto. Esto debido a que el Gobierno no ha atendido sus demandas, como el aumento del presupuesto de educación al 6% del PBI; además de un incremento salarial para profesores y auxiliares.
Lucio Castro, secretario general de Sutep, explicó que hoy se incorporarán a esta medida de lucha los maestros de Lima provincias, Madre de Dios y Ucayali, y el viernes se sumarán los de Cusco y Ucayali. “Para el 21 de octubre, todas las regiones faltantes se plegarán a la huelga nacional ante el desentendimiento del Gobierno”.
Explicó también que anteriormente han desarrollado una huelga de hambre y un paro nacional; sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso, por lo que lo responsabilizó de la pérdida de clases escolares. “A eso hay que sumarle la inseguridad que ya mató a un profesor”, dijo.
Por su parte, Eloy Cantoral, director general de Desarrollo Docente del Minedu, precisó que el mayor porcentaje de docentes en huelga se encuentra en Loreto, con 12% ; en tanto, en Ica, Arequipa y Tumbes, la cifra llegó a menos del 8%. En todos estos lugares se perdieron clases.
“No se ha roto el diálogo”, expresó. Además, precisó que sí hubo un incremento del presupuesto para educación. “Este año fue de 4,6% del PBI y el siguiente año se llegará al 5,1% del PBI para el sector con miras al 6%, según ley”, dijo.
La tensión social sigue en aumento. Mientras ayer se reportaron estas protestas, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) anunció que el próximo miércoles 23 reiniciarán las protestas en contra del Congreso y el Gobierno para exigir la derogación de la ley procrimen organizado (32108), ya que argumentan que esta beneficia a los extorsionadores.
Por su lado, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, aseguró que la movilización del miércoles 23 será más fuerte y contará con la participación de más sectores afectados por la delincuencia. Pero no serán los únicos. Giovanni Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, afirmó que el 12 de noviembre realizarán un paro que tendrá el apoyo de asociaciones civiles.
“Este martes 22 habrá una movilización en Trujillo y otras ciudades del norte y el 31 seguirá Lima. Representamos a 380 gremios”, señaló.
La ola delincuencial ha motivado también que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil anuncie que este jueves 24 realizarán una marcha pacífica para solicitar al Ejecutivo acciones concretas. Se sumarán la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Capeco y la CGTP.
Gremios de transportistas anuncian paro nacional para el 23 de octubre. Foto: La República
Pese al estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, en menos de 24 horas se reportaron seis asesinatos. La noche del martes, sicarios mataron a un mototaxista en la zona de Huáscar, en SJL. A esa hora, en Ate fue asesinado un estilista; mientras que, en Carabayllo, Ventanilla y el Callao, otros tres hombres fueron eliminados a tiros. La última víctima se reportó ayer en Barrios Altos. Se trata del policía Renzo López Reyes, quien fue asesinado por un sicario cuando patrullaba de civil.
Acerca del próximo paro de transportistas, el primer ministro Gustavo Adrianzén respondió que “una reclamación de carácter sindical y gremial se ha tornado en una manifestación absolutamente política”. “Queda en evidencia quiénes son los que están detrás de la nueva convocatoria de paralización indefinida. Se identificaron personajes próximos a Pedro Castillo y al partido de Antauro Humala. Vemos que algunos políticos han distorsionado esta reivindicación gremial”, dijo.
También dijo que en el Consejo de Ministros de ayer no se tocó el tema de la renuncia del titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez.