Premier minimiza incendios forestales pese a muertos y daños
Crisis ambiental. Adrianzén dijo que no hay “razones críticas” para declarar estado de emergencia en 22 regiones. Agregó que no es necesaria la ayuda internacional. Según expertos, esta es una muestra más de la incapacidad del Gobierno. Ya hay 15 fallecidos.
Pese a los pedidos de los Gobiernos regionales, de las comunidades nativas, de la Defensoría del Pueblo y hasta de diversos congresistas, el primer ministro Gustavo Adrianzén minimizó los cuantiosos daños que vienen dejando los incendios forestales y afirmó que no hay “razones críticas” para que el Gobierno declare el estado de emergencia en esas zonas afectadas.
Hasta ayer, ya se contabilizaban 233 incendios forestales en 22 regiones del país, los cuales ya han dejado 15 personas fallecidas, 98 heridas e irreparables daños en el ecosistema, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
No obstante, para Adrianzén no eran alarmantes. Ayer, más bien, responsabilizó a las poblaciones por practicar la quema de pastos, que obedece a una vieja práctica ancestral” y les pidió que dejaran de hacerlo.
Asimismo, a pesar de que reconoció las limitaciones del Estado para enfrentar estos siniestros, dijo que no es necesaria la cooperación internacional, por el momento, porque vienen ejecutando acciones para poder controlarlos con apoyo del Ejército, los bomberos y la Fuerza Aérea.
Por otra parte, recién —luego de días de haberse dedicado a otras actividades en Lima— la presidenta Dina Boluarte acudió a Amazonas para coordinar las acciones con el Indeci y las autoridades locales para la extinción de los incendios forestales. Esto ha generado críticas de diversos expertos, congresistas y comunidades indígenas porque la mandataria ha reaccionado tarde a estas emergencias.
“No necesito tus lágrimas” fue la respuesta de Boluarte al clamor de un reportero, que generó la indignación de la población de Pomacochas, en Amazonas, que la llamó “malcriada”.
Regiones piden apoyo
Más temprano, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió, a través de un pronunciamiento, la declaratoria de emergencia ambiental en las regiones afectadas para priorizar acciones inmediatas.
También solicitó recursos económicos y técnicos para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta.
La Mancomunidad Regional de Amazónica (MRA), conformada por las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, conjuntamente con el Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio, solicitó también la declaratoria de emergencia. A ese pedido, un día previo, se sumó la Defensoría del Pueblo.
Con eso se deben destinar mayores recursos para la prevención y atención de estos incendios, señaló la MRA. Asimismo, demandó a la Fiscalía, la PNP y el Poder Judicial a una acción conjunta contra quienes realizan quemas de bosques.
Acciones del Congreso
A estas instituciones se sumaron diversas congresistas, como Digna Calle (Podemos), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Jessica Córdova (Renovación Popular), quienes exigieron al Gobierno que se declare en estado de emergencia a las zonas afectadas por los incendios.
Pero eso no es todo. Su colega Carlos Zeballos (Podemos) dijo que están evaluando que vayan a las comisiones del Parlamento los ministros de Defensa, Walter Astudillo; de Agricultura, Ángel Manero; y el premier Alberto Adrianzén, “para que den cuentas de por qué se han demorado tanto en atender los incendios forestales”.
A su turno, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que coordinará con el Indeci y el Ministerio de Defensa para organizar la incorporación de recursos adicionales que permitan a la Fuerza Aérea y a las Fuerzas Armadas atender estas emergencias en las regiones.
“Hemos estado gestionando aviones y helicópteros para atender los incendios forestales, y la Fuerza Aérea tiene solo dos aviones para atender a 10 regiones que se están incendiando. Mañana (hoy) tenemos una reunión concretamente con el ministro de Defensa y los jefes de Indeci para ver qué acciones se están desplegando y cómo, desde el Congreso, podemos coadyuvar a que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea del Perú, la Policía y el Ejército tengan capacidad operativa, así como fortalecer el trabajo de los bomberos voluntarios”, indicó.
Incapacidad del Gobierno
Al ser consultado de cómo ve la respuesta del Estado frente a estos desastres ambientales, el abogado en derecho ambiental César Ipenza señaló a La República que hay una incapacidad del Gobierno para resolver el problema y de reconocer que no tiene las condiciones y que se requiere un abordaje distinto.
“Es una constante de este Gobierno de asumir un poder que lamentablemente no tiene. La muerte de 15 personas no es poca cosa, la pérdida de biodiversidad y los efectos que se va a tener en la salud por la contaminación del aire en distintas regiones de la Amazonía”, dijo.
Agregó que lo que se viene a futuro es un problema mayor porque con la llegada de las lluvias y toda la deforestación a raíz de los incendios, va a llevar a que las lluvias arrasen con todo a su paso. “Vamos a tener huaicos que también van a ser de impacto. Esa declaratoria de emergencia debería llevar a responder estos impactos”.
Ley antiforestal
Ipenza apuntó que el Congreso también tiene un gran responsabilidad en estos desastres, ya que, en diciembre último, aprobó la ley antiforestal, que promueve la deforestación y que no tiene ninguna sanción.
Explicó que mucha gente ha malentendido las implicancias de esta norma cuando cree que la ley permite tumbar el bosque y no pasa nada. “Ese tipo de mensaje toca revertirlo y claramente muchos gobernadores regionales se han manifestado en contra de esta ley”, señaló.
Remarcó que el Congreso debería derogar esta norma y que, actualmente, hay tres demandas de inconstitucionalidad. La Comisión de Ambiente aprobó la derogatoria de la norma, pero hasta la fecha la Comisión Agraria, encabezada por el fujimorismo, no la pone en debate.
“Lo que debería hacer el Congreso es asumir la responsabilidad de lo mal que ha emitido esta norma, y debe derogarla y poner a disposición las normas que plantea la derogación”, apuntó Ipenza.
A su turno, la exministra del Ambiente Albina Ruiz señaló en Canal N que la reacción del Gobierno es bastante tardía.
Y con respecto a las causas de los incendios, dijo que hay varios factores. “Uno es que el cambio climático está afectando y los incendios son producto de eso porque hay más sequías, no llueve. Segundo, están las prácticas de las comunidades, donde hay responsabilidad de los ministerios de Agricultura y de Educación. Se tiene que llevar buenas prácticas ambientales para los campesinos y evitar la quema, y tenemos que tratar estos temas con los niños para que sean los aliados para convencer a sus padres”, dijo.
Ayer, en Lima, diversos colectivos ciudadanos marcharon por las calles de Lima y protestaron frente a las sedes del Congreso y el Poder Judicial por la inacción ante este problema.
Incendio en cifras
El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Martín del Castillo, señaló —en cuanto a los daños causados por los incendios forestales— que hay 1.485 hectáreas de cultivos arrasadas y 1.264 hectáreas afectadas.
Con respecto al ganado, señaló que se han perdido 334 ejemplares y otros 4.347 han resultados afectados. En cuanto a la cobertura natural (árboles y pastos), el fuego ha arrasado con 2.257 hectáreas y ha afectado otras 2.148 hectáreas.
Al hacer un balance de las emergencia ambientales, Del Castillo indicó que en lo que va del año se han registrado 233 incendios forestales.
De este total, 32 siguen activos, 179 han sido extinguidos y 23 están controlados.v
ENFOQUE
Ruzell Zevallos (Vocero de la Defensoría del Pueblo)
Al haberse sobrepasado la capacidad de respuesta de los Gobiernos regionales y municipios, corresponde una declaratoria de estado de emergencia de nivel IV, porque vemos que hay 22 regiones perjudicadas. Se registran cerca de 1.000 personas heridas, cerca de 2.000 afectadas y 15 fallecidas. Además, hay zonas inaccesibles que están en llamas y se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas para llegar a estos lugares.
Con esta medida, corresponde una intervención directa del Gobierno nacional y también habilita una modificación presupuestaria a los Gobiernos regionales y las municipalidades.
Eso sería importante en las regiones con más afectaciones, como Cusco, Huancavelica, Huánuco, Amazonas y Ucayali.
Otro aspecto importante es que los brigadistas cuenten con equipos de protección especiales, puesto que no deberían ser los mismos para la atención de incendios urbanos. En estos casos, hay otra connotación muy especial: la propagación del fuego, el viento y la pendiente. Estas son situaciones que dificultan la atención de la emergencia.
