La PNP y la Fiscalía lograron capturar delincuentes que asaltaban mercancías de camiones provenientes del terminal portuario de Villa Oquendo, en el Callao. Sin embargo, tuvieron que suspender diligencia porque debían esperar a los abogados de oficio, según nueva ley del Congreso.
El operativo, conocido como Tormenta 2024, fue ejecutado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.
La fiscal Magnolia Puertas y el general Carlos Céspedes, líder de la División de Investigación Criminal, detallaron que la banda había estado operando desde el 26 de junio de este año. En una de las intentonas de robo frustradas, la PNP logró recuperar una mercancía valuada en más de 80.000 dólares.
Durante la operación, que tuvo lugar en la madrugada del viernes 6 de setiembre, se llevaron a cabo allanamientos en cinco viviendas y se procedió a la detención de tres personas.
Sin embargo, el desarrollo del proceso se vio afectado por la implementación de una nueva ley que establece la obligatoriedad de contar con la presencia de defensores públicos durante los allanamientos.
Esto retrasó las diligencias, ya que los defensores públicos comienzan su labor a las 8 a. m., hora de inicio de actividades del Ministerio de Justicia, y terminan a las 4.45 a. m.
"Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia para pedir la habilitación de defensores públicos en turno noche, para que las diligencias no se vean afectadas", dijo la fiscal Puertas. Además, se han cursado oficios para garantizar que los defensores trabajen a la par del Ministerio Público y la Policía.
El operativo ha sido fundamental para identificar a más personas implicadas, y se prevé que las investigaciones continúen avanzando.
De acuerdo con las declaraciones del coronel Franco Moreno, quien lidera la unidad operativa, se están examinando hasta 45 casos similares que podrían tener vínculos con esta organización delictiva.
"Este es un trabajo en contra de la criminalidad que se manifiesta en nuestras calles, y vamos a continuar obteniendo resultados", afirmó.
La nueva normativa ha modificado la dinámica de los operativos, los cuales ahora deben adecuarse al horario de oficina de los defensores públicos. Esta situación podría impactar negativamente en la eficacia y prontitud de las intervenciones policiales.