El reinicio de obras de construcción de la mina Tía María, en el Valle de Tambo, ubicado en Islay, en Arequipa, ha vuelto a encender las protestas de los sectores que se oponen al proyecto de la compañía minera Southern por temor a la contaminación ambiental. Por el momento, se ha confirmado una movilización para este viernes 5 de julio. Esta noticia ha generado un fuerte impacto en la comunidad local, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos que la actividad minera podría tener en el entorno natural y en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Las protestas y movilizaciones son una muestra clara de la resistencia de la población frente a un proyecto que consideran perjudicial para el medio ambiente y para su bienestar.
El dirigente social del Valle de Tambo, Miguel Meza, señaló que la protesta del viernes será una movilización por los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, que incluirá a vehículos de campo como tractores. Empezará a la 1 p.m.
No obstante, Meza señaló que tampoco se descarta iniciar un paro indefinido. Ello se decidirá el sábado 6 en una reunión popular. Mientras tanto, aún se espera un pronunciamiento de las 3 juntas de usuarios de regantes del sector: Valle de Tambo, La Ensenada y Cocachacra.
Por su parte, el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, criticó a la empresa Southern. En diálogo con RPP, dijo no tener conocimiento de que la minera se haya reunido con la población para mejorar el clima social, y que la decisión de reiniciar obras los tomó por sorpresa.
"A la población la ha agarrado de sorpresa, ya hay gente que está reuniéndose en Cocachacra, Punta de Bombón y La Curva", dijo. Además, negó que haya conversado antes con representantes de Southern. "Yo no puedo conversar con una empresa irresponsable que quiere entrar a la matonada", añadió.
El proyecto Tía María se ubica en la provincia costera de Islay. Está destinado a la extracción de cobre, mediante dos futuros tajos abiertos: Tía María y La Tapada. Este último, se ubicará a 3 kilómetros del Valle de Tambo, zona agrícola. En el 2011 y 2015 se activaron protestas contra el proyecto por temor a contaminación ambiental, con un saldo de 7 fallecidos.
En el año 2019, el gobierno central otorgó la licencia de construcción a Southern, lo que provocó un nuevo paro. Desde entonces las obras de construcción de la futura mina estuvieron paralizadas. Este 1 de julio, Southern informó a la Superintendencia de Mercado de Valores que reiniciará las obras de construcción, debido a que existen las condiciones sociales y políticas.
El Grupo México, que controla a la empresa Southern Cooper, anunció el reinicio de actividades del proyecto minero Tía María, a partir de hoy lunes 1 de julio. A través de una confirmación corporativa, el presidente ejecutivo de Grupo México, Óscar Gonzales Rocha, indicó que existen avances en los trabajos de acondicionamiento y preparación del área de la mina de cobre.
"Estando dadas las condiciones políticas y sociales en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional, se comunica el reinicio de actividades en el proyecto Tía María con fecha 1 de julio de 2024", indica el documento.
El vocero de los agricultores del Valle del Tambo, Sergio Meza, consideró que no están dadas las condiciones políticas y sociales para el avance del proyecto Tía María. Es por ello que hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para cumplir un compromiso que realizó en el año 2021 y en donde firmó a favor de cancelar Tía María.
"Tenemos muchos documentos donde se puede visualizar lo que los candidatos asumieron. Lamentablemente, una vez que llegan al poder se envician. El compromiso que ella firmó lo hizo cuando fue candidata", afirmó Marilú Marroquín, expresidenta de la Junta de Usuarios de Ensenada - Mejía - Mollendo.
El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, también señaló que persiste la oposición al Tía María en el Valle de Tambo y que no hay condiciones sociales. Responsabilizó al gobierno central por una eventual escalada de las protestas que generen nuevas víctimas mortales.
"Quien tenía que acercarse era el gobierno nacional a conversar con las autoridades, con los dirigentes, juntas de usuarios, pero no lo han hecho. Va a ser de su neta responsabilidad si hay muertes", expresó.