La Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra en un proceso importante para obtener el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este proceso tuvo inicio en octubre de 2019, cuando Sunedu tomó la decisión de no otorgar la licencia institucional debido a diversas situaciones que implicaban gastos que no contribuían a la calidad educativa ni a las funciones propias de una universidad. Desde entonces, la universidad ha estado dedicada a regularizar su situación y alcanzar el anhelado licenciamiento, con la firme intención de demostrar su compromiso con la excelencia educativa y cumplir con los estándares establecidos por la entidad reguladora.
Asimismo, la Sunedu le otorgó prórrogas a las universidades cuyas licencias fueron denegadas y que requerían de unos años para finalizar sus funciones de forma definitiva. El plazo se extendió hasta el 3 de marzo del año 2024 y posteriormente hasta el 3 de marzo del siguiente año.
Incluso, en un documento publicado por la propia Sunedu y que está firmado en octubre del año 2022 por Yuli Yanny Herrera Llamoca, representante legal de la universidad, informa que se “dejará de prestar el servicio educativo el día 3 de marzo del 2025″.
La extensión en el plazo para la finalización de sus actividades educativas no solo permite que los menos de mil alumnos que se mantienen en la institución puedan terminar sus carreras, sino que además ha dado tiempo a la institución para presentar una nueva solicitud de licenciamiento ante Sunedu.
La Sunedu clausuró el camino hacia la licencia institucional de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2019, tras identificar una serie de falencias en su estructura académica y organizacional. Estas deficiencias abarcaban desde la gestión administrativa hasta la calidad de la infraestructura, pasando por el ámbito de la investigación y la cualificación del personal docente.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega todavía brinda clases pese a estar sin licenciamiento. Foto: Sunedu
Durante el tiempo que dure el proceso de cese de actividades, la universidad deberá cumplir con su obligación de emitir grados y títulos, pero ya no puede convocar a nuevos procesos de admisión para ninguna de sus 97 carreras de pregrado o sus sedes tanto en Lima como en Ica. También había la ausencia de una estructura organizativa clara para la unidad encargada de la calidad universitaria y la falta de articulación entre sus instrumentos de gestión.
Un reportaje de ATV Noticias reveló que la Universidad Garcilaso de la Vega, que cambió su nombre en abril de 2024 a simplemente Universidad Garcilaso, negó estar realizando nuevas convocatorias de estudiantes; sin embargo, días después, el programa de ATV rectificó esta publicación y demostró que la universidad no se encuentra en un proceso de admisión, pero sí brinda cursos para apoyar a sus alumnos que no han egresado del centro educativo superior.
A pesar de los esfuerzos, algunas universidades han enfrentado dificultades para cumplir con los estándares impuestos por Sunedu en el desarrollo académico de sus estudiantes. Estas instituciones no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria
La Universidad Peruana del Centro también busca licenciamiento. Foto: Sunedu
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación del Perú, encargado de la regulación y supervisión de la calidad de la educación universitaria en Perú. Sunedu tiene una serie de funciones principales, entre ellas:
La creación de Sunedu ha sido parte de un esfuerzo más amplio por elevar los estándares de educación superior en Perú y garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad que contribuya a su desarrollo profesional y personal.
El licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en Perú es un proceso que tiene como objetivo asegurar que las universidades cumplan con condiciones básicas de calidad para ofrecer servicios educativos. Este procedimiento es fundamental para garantizar que las instituciones de educación superior funcionen adecuadamente y ofrezcan programas académicos de calidad.