En el Perú, el 39,3% de la producción anual de oro, equivalente a 2.207.000 onzas, proviene de centros de minería ilegal e informal. Este metal precioso se canaliza hacia diversas zonas o plantas dedicadas al procesamiento, compra y venta de oro ilícito. Según un informe, se identificaron un total de 21 puntos de acopio distribuidos en 11 regiones ubicadas principalmente en el sur del país y en la Amazonía peruana.
Estos datos fueron revelados en el informe "Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú", de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), basado en toda la información recopilada por V&C Analistas. De ese modo, se resalta que en Arequipa se encuentran los principales centros de acopio para el oro ilegal que se extrae en regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, así como de las operaciones mineras ilegales en Caravelí (también en Arequipa). De manera alarmante, se reporta que desde Chala transportan hasta 15 toneladas del metal aurífero hacia plantas de procesamiento situadas en Caravelí.
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En el caso de la Amazonía, los mineros ilegales utilizan ríos y carreteras para transportar el oro hacia los centros de acopio y procesamiento. En Loreto, el río Nanay y sus canales, que se forman durante la creciente del afluente, son vías cruciales para el tránsito de lanchas, deslizadores, pongueros y pequepeques. Además, también emplean hidroaviones y helicópteros para el transporte del oro extraído.
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La extracción de cada onza de oro ilegal conlleva consecuencias severas como la tala de al menos un árbol o la contaminación de ríos con mercurio, lo que resulta en la muerte de peces y otros animales. Según los datos, la minería ilegal ha consumido aproximadamente 25 millones de hectáreas en Perú, un área que supera en magnitud a 14 millones de canchas de fútbol o 25.461 veces el tamaño del distrito de San Isidro en Lima.
A costa de la devastación de bosques, contaminación de ríos y otros ecosistemas, se reportan ganancias anuales estimadas en S/23.760.000.00 a favor de los involucrados en la minería ilegal e informal. Esta cifra representa una pérdida considerable para la economía nacional, estimada en un 2,5% del producto bruto interno (PBI) del país.
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