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Sociedad

SBN alega falta de presupuesto para desalojar invasores de tierras del Estado en Pucusana

Indica que no cuenta con el monto estimado para esta diligencia, de aproximadamente S/113.400, pero que el procedimiento de recuperación está en trámite ante la PNP. Vecinos del balneario de Naplo manifiestan que viven en zozobra porque gente armada los amenaza.

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En junio, la PNP desalojó a más de 500 familias a fin de recuperar terrenos del Estado. Foto: La República

La vida de los residentes de Naplo, distrito de Pucusana, cambió desde el 11 de mayo del presente año, cuando cientos de personas, peruanos y extranjeros invadieron y se instalaron en terrenos del Estado ubicados en ambos lados de la vía de acceso a este balneario.

Como terceros afectados, acudieron a la Policía Nacional y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para que los invasores sean desalojados, hecho que ocurrió el último 28 de junio. Sin embargo, la alegría de los habitantes de Naplo fue fugaz porque el desalojo no se dio en el total del área invadida, ya que una parte del terreno se mantuvo en manos de los ocupantes ilegales.

Los denunciantes no terminan de entender por qué el 28 de junio de 2023 no se recuperó el total de las tierras del Estado, teniendo en cuenta que hubo un fuerte contingente policial, una intervención sin ningún herido y una logística con un costo económico considerable.

Nuevamente, tocaron las puertas de la SBN. Ahí les informaron que se estaba preparando una segunda intervención para septiembre

Pasó setiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre y el terreno sigue invadido por personas que, según mencionan, tienen identificados a todos los vecinos quejosos de Naplo, a quienes los han amenazado.

De igual forma, agregaron que la presencia de gente con armas de fuego y reacción violenta en la zona invadida ha hecho que los residentes del balneario no puedan salir de sus casas, especialmente las personas de la tercera edad que abandonaron Lima en busca de paz y seguridad. Otro hecho que denunciaron es que los invasores son traficantes de tierras y ya han empezado a vender lotes.

SBN responde

Sobre la demora de la diligencia de desalojo pendiente y la razón por la que se dejó que una parte continúe invadida, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) respondió a La República en forma escrita.

En el documento explicó que la Policía Nacional solo actuó sobre el área que la SBN le solicitó inicialmente y no en la zona de invasión ampliada porque de este hecho recién se percataron ese día. También mencionó que no se ha concretado el desalojo del segundo grupo debido a la falta de presupuesto.

Detalló que la nueva invasión generó que la Procuraduría Pública solicitara al área técnica que realice el diagnóstico y verificación del área a fin de determinar la competencia de la SBN en dicho sector y proceder a su recuperación.

Sin embargo, no contaba con presupuesto disponible para contratar el servicio de apoyo logístico (personal, maquinaria, cargador, etc.), monto estimado en aproximadamente S/113.400.

Ante esta situación, la SBN se reunió con la Municipalidad Distrital de Pucusana para que brinde apoyo logístico (maquinaria) en virtud a un convenio de cooperación suscrito entre ambas entidades, pero el municipio le respondió que no disponía del requerimiento.

En ese sentido, la Procuraduría Pública reprogramó la diligencia de recuperación extrajudicial de los terrenos del Estado, lo cual comunicó a la Policía Nacional.

“A la fecha, el procedimiento se encuentra suspendido hasta que se habilite marco presupuestal disponible y se programe nuevamente la fecha de diligencia para la recuperación de los terrenos del Estado”, indicó. Además, afirmó que el proceso de recuperación extrajudicial no cuenta con plazo de caducidad.

Asimismo, precisó que ha interpuesto una denuncia contra Roxana Liberato Vara y Alfredo Liberato Vara, socios de la Asociación de Propietarios Residencial Perú 2000, por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada en perjuicio del Estado. 

La Investigación está a cargo del primer despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Lurín, con Carpeta Fiscal n.° 4520-2023.