
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, remitir el expediente del procedimiento de vacancia en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad ante el Ministerio Público. Este proceso está en el marco de la sentencia por difamación agravada contra el burgomaestre.
Según el Oficio n.° 3180-2023, con fecha 30 de noviembre, el Jurado Nacional solicitó al alcalde de Trujillo la documentación relacionada con el proceso de vacancia tras el recurso de apelación que interpuso el ciudadano Rafael Alexander Vera Alvítes contra el acuerdo de la sesión extraordinaria de concejo del 14 de noviembre.
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Es importante indicar que, en dicha sesión extraordinaria, el alcalde Arturo Fernández no fue vacado en funciones; puesto que se obtuvo 10 votos a favor de la vacancia de las 11 requeridas, según la Ley Orgánica de Municipalidades.
La entidad electoral recalcó que, en caso de que Arturo Fernández incumpla en derivar la documentación en tres días, se informará al Pleno del JNE para que proceda conforme a sus atribuciones establecidas en la ley, es decir, la denuncia ante la Fiscalía por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Sobre el tema, el especialista electoral Gilberto Carrasco señaló que dicho ilícito se sanciona con no más de dos años de pena privativa y la inhabilitación para ejercer cargo público.
El Jurado Nacional de Elecciones enfatizó que, para resolver el recurso de apelación contra el acuerdo municipal que no vacó en el cargo a Arturo Fernández, necesita los documentos sobre este caso a fin de emitir la resolución que corresponda. Los archivos son los siguientes:
En este contexto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad ratificó la condena contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada. Asimismo, el colegiado reformuló el pago de reparación civil de S/5.000 a S/25.000, a favor de la agraviada Nátaly Rojas, quien es oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).





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