Moquegua: Gestión de Martín Vizcarra vendió lote eriazo que era un cauce de quebrada
Un cauce seco es inalienable, no puede venderse. Hace 21 años, el Gore Moquegua que presidía Martín Vizcarra Cornejo, subastó 150 hectáreas, 10 de ellas están en la quebrada Montalvo. El beneficiario fue el consorcio Agrícola Moquegua. El Poder Judicial debe definir si la compra es legal.
En el año 2012, el Proyecto Especial Pasto Grande (PERPG), vendió tres lotes de 150 hectáreas en la Pampa de San Antonio al consorcio Agrícola Moquegua, una empresa de capitales chilenos que cultiva arándanos para la agroexportación, durante la gestión de Martín Vizcarra. Diez de esas hectáreas son cauce seco de la quebrada de Montalvo. El área cedida está sobre concesiones mineras.
Pese al tiempo transcurrido, la transacción aún continúa siendo cuestionada, el área en discusión se sitúa en el llamado lote B. El juzgado civil de Mariscal Nieto, que preside el magistrado Eder Assa Jihuallanca, tiene pendiente una solicitud para anular la operación. La demanda fue planteada por la empresa Transportes Zúñiga en el año 2017. Han pasado más de seis años y el proceso está entrampado no solo por la alta carga judicial de ese despacho, también el PERPG ha mostrado poca disposición para colaborar. Demoraron un año para entregar el expediente que dio origen a la subasta. Eso motivó al juzgado a imponer una multa contra la institución.
El PERPG es un organismo adscrito al Gobierno Regional (Gore) de Moquegua. En ese año, el cargo de gobernador regional correspondía a Martín Vizcarra Cornejo, el vacado expresidente del Perú (2018-2020). Vizcarra firmó la resolución para que esos predios pasen al PERPG y este ente organice la licitación.
PUEDES VER: Moquegua es la región donde mejor se vive
Documento que cuenta con la rúbrica de Martín Vizcarra. Foto: Cortesía
¿Qué está en discusión?
El lote B tiene una extensión de 50 hectáreas. Según un informe pericial dispuesto por el juzgado de Moquegua, diez hectáreas están dentro de la quebrada de Montalvo, además se superponen a concesiones mineras autorizadas por el Estado peruano.
La resolución directoral 1760-2016 de la Autoridad Nacional del Agua, prohíbe asentamientos humanos, agrícolas u otra actividad dentro del cauce y su faja marginal de la quebrada Montalvo. También dispone el retiro inmediato de cualquier hito o señales físicas no autorizados dentro de estos espacios públicos declarados intangibles e inalienables, es decir, que no se pueden vender. Estas restricciones tienen justificación ante un escenario de cambio climático que trae desastres naturales. Hay varios ejemplos de cauces activados en época de lluvias y que han arrasado áreas urbanas aledañas. Si el cauce y la faja marginal son intangibles, la pregunta es: ¿cómo es que el PERPG vendió la quebrada y una faja marginal a una empresa agrícola?
Los descargos
Hugo Rodríguez fue gerente general de GRM en esa época, luego se convirtió en funcionario del consorcio Agrícola Moquegua. Él ha explicado a este medio que la transacción se efectuó en 2012. En ese año no estaba vigente la resolución directoral señalada. “Las leyes no son retroactivas en el Perú”. Sin embargo, Rodríguez olvida el artículo 109 del reglamento de Recursos Hídricos publicado el 2010. Este señala que los cauces inactivos son de dominio del Estado y no pueden ser usados para asentamientos humanos o agrícolas. Dicha norma estaba vigente dos años antes de la firma de este acuerdo.
El contrato con el consorcio chileno lo firmó el gerente general del PERPG Fredy Zevallos Núñez. ¿No sabía que lo que estaba vendiendo era un cauce seco? El exfuncionario respondió que eran terrenos del PERPG.
-Todos los cauces son intangibles, no se pueden vender
-le contradecimos en una breve entrevista por teléfono.
-No hay ninguna ley que diga eso. Esa es una quebrada como cualquier otra, tenemos el título de propiedad inscrito en Registros Públicos y podemos disponer como propietarios-responde. Zevallos zanjó la conversación señalando que quienes reclaman vayan donde un juez.
-No se puede vender los cauces, le reiteramos.
-Eso lo decide un juez. Concluye y da por terminada la charla.
Jaime Iglesias Salas es el administrador local del ALA Moquegua, organismo que depende del ANA. Él ratifica que los cauces naturales son de dominio público hidráulico y no existe propiedad privada sobre ellos. Cuando se le preguntó concretamente sobre lo ocurrido en la quebrada de Montalvo, señaló que el caso no ocurrió en su gestión y actualmente está judicializado. Espera el desenlace para tomar medidas administrativas.
Más problemas
No es el único asunto que está en discusión. También está la superposición a varias concesiones no metálicas que explotan de la quebrada material de construcción. Como propietario, consorcio Agrícola Moquegua ha pretendido desalojarlos. Sin embargo, no ha podido, perdió la batalla judicial contra la concesión Alonso XVl. En el expediente que dio lugar a la subasta se advierte de estas concesiones. Sin embargo, el área legal del PERPG sostiene que concesión y propiedad son cosas distintas. En resumidas cuentas, argumenta la opinión legal, que la concesión minera tiene derechos sobre el subsuelo y el PERPG sobre la superficie. La concesión minera no concede propiedad sobre el terreno, en consecuencia, ellos pueden disponer de este bien como les parezca. Primero, el dueño de la concesión minera debe solicitar permiso al propietario para explotar.
Puertas giratorias
En el pleito se ha puesto en discusión el papel de Hugo Espinoza, quien cuando se hizo la subasta, ocupaba el cargo de gerente general de la gestión Vizcarra. Concluido el encargo público, Espinoza se incorporó al consorcio (ver entrevista de descargos). Revisada toda la documentación sobre la subasta, Espinoza aparece como un funcionario secundario en la toma de decisiones, sin embargo, en la gestión de Gilia Gutiérrez nuevamente ha vuelto a la gerencia. ¿Tendrá la independencia para actuar sobre su antiguo empleador? En la compra-venta de los lotes, el consorcio se compromete a efectuar una inversión de casi dos millones de dólares. Hay denuncias alcanzadas a la Contraloría y Procuraduría que esa cláusula no se ha cumplido.
La Contraloría también ha sido requerida para pronunciarse sobre esta polémica venta, empero, en línea contraria a su proactividad de ahora sostienen que el caso está judicializado y además la venta se hizo con reglas de juego pasado.
