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Sociedad

Chiclayo: alcaldes serían denunciados por inseguridad ciudadana

Fiscalía inicia procedimiento preventivo contra autoridades ediles de La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo por no cumplir con acciones contra la criminalidad a favor de la población.

larepublica.pe
. Elber Requejo y Janet Cubas han sido exhortados por fi scal para cumplir funciones. Foto: La República

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo dispuso la apertura de un procedimiento preventivo por noventa días contra los alcaldes de las municipalidades distritales de José Leonardo Ortiz y La Victoria, Elber Requejo Sánchez y Edwin Vásquez Sánchez, respectivamente, por el presunto delito de omisión de actos funcionales contra la inseguridad ciudadana. Las diligencias implican a la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

Por la naturaleza de la fiscalía de prevención del delito, el procedimiento preventivo busca exhortar a los mencionados alcaldes que su actuar podría acarrearle responsabilidad penal y, en consecuencia, ser sometidos a un proceso penal. Recientemente, tras un arduo trabajo de supervisión, la Defensoría del Pueblo identificó que, en el caso de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, cerca del 60 % de sus 49 cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas.

Mientras en la Municipalidad Distrital de La Victoria, se identificó que 12 de sus 20 cámaras se encuentran sin funcionar. Mientras en Chiclayo se detectó 1 cámara inoperativa. La magistrada Candita Llempén Quiroz, de la referida fiscalía, declaró en medios de comunicación que se inició el proceso preventivo contra las autoridades. En caso, las autoridades no cumplan las recomendaciones, serán denunciadas por el delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, cuya pena es no mayor de los dos años de prisión de 30 a 60 días de multa.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha recomendado a los mencionados alcaldes coordinar y ejecutar patrullajes para contrarrestar la criminalidad, así como estrategias permanentes entre las dependencias encargadas de la seguridad y entidades públicas, como la Policía Nacional.